La muerte del joven motociclista reabre grietas entre peritajes y responsabilidades

Siete años después del siniestro que marcó a un barrio entero, el expediente por la muerte de Juan Mateo Benegas entró en etapa de definición en Villa Mercedes (San Luis). En el banquillo está Diana Esthela Jarschke —en el expediente también consignada como Jaeschke—, acusada de homicidio culposo en accidente de tránsito. El tribunal unipersonal, a cargo del juez Mauro D’Agata Henríquez, podría cerrar el debate este miércoles.

El hecho ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2018 en la intersección de Doctor Mestre y Betbeder, en el barrio Las Miranda. Benegas, de 18 años, circulaba en motocicleta cuando impactó contra una Ford EcoSport conducida por Jarschke. La mujer nunca estuvo detenida y llegó a juicio con un pedido fiscal de tres años y medio de prisión.

En su alegato de apertura, el fiscal Ernesto Lutens reconstruyó la mecánica básica: “La acusada se conducía por Doctor Mestre de sur a norte; la víctima lo hacía por Betbeder de oeste a este. La colisión se produjo cuando la camioneta atravesó la intersección”. Para el Ministerio Público Fiscal, la infracción de la conductora determinó el resultado fatal y corresponde una condena por culposo.

La defensa, a cargo de Mariano Ponce Alegre, planteó una tesis opuesta. Según la versión de su asistida, miró ambos lados, no advirtió vehículos y cruzó; ya había avanzado cuando la moto impactó en la parte trasera de la EcoSport. “Es raro que alguien cruce viendo que hay una moto que lo puede chocar”, dijo el abogado, quien pidió ponderar pericias, huellas de frenado y condiciones de visibilidad.

Durante la primera audiencia declararon efectivos que llegaron al lugar, un socorrista de Defensa Civil, la médica forense y una licenciada en Criminalística. La perito no pudo establecer con certeza si la camioneta superó la velocidad permitida, ni si la motocicleta circulaba con luces encendidas. “Todo eso influye en la capacidad de cálculo al cruzar una bocacalle”, remarcó Ponce Alegre, quien además recordó que el límite general es 38 km/h y en intersecciones 20 km/h.

Resta el testimonio de una mujer policía, ausente por capacitación, y la posible clausura de la prueba. La defensa puso sobre la mesa un punto político-institucional: la falta de comunicaciones claras del Municipio respecto de prioridades de paso y esquemas de señalización. “Gente que viene de afuera necesita información inequívoca”, afirmó el letrado.

Para la familia de la víctima, el proceso es también una batalla por la verdad frente al paso del tiempo y la inminencia de plazos de prescripción. El expediente vuelve a exponer la tensión entre pericias, responsabilidad individual y deberes de la administración en materia de movilidad urbana.