Altavilla afirmó que la reforma busca un Estado más transparente y equilibrado

San Luis dio el primer paso formal hacia una nueva reforma de su Constitución. Después de meses de debate, consultas y reuniones técnicas, la Legislatura sancionó la ley que declara la necesidad de modificar parcialmente la Carta Magna provincial vigente desde 1987.

La aprobación no modifica todavía la Constitución. Lo que hace es establecer los temas que podrá discutir una futura Convención Constituyente, cuyos integrantes deberán ser elegidos por el voto popular.

Uno de los especialistas que participó del proceso fue Cristian Altavilla, abogado constitucionalista y asesor técnico del proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi.

Altavilla tiene 42 años, nació y creció en San Luis y actualmente reside en Córdoba. Es abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo y posdoctorado por la Universidad Nacional de San Luis-CONICET.

Durante los últimos meses participó de las mesas de análisis realizadas en la Legislatura, donde el proyecto fue discutido artículo por artículo con legisladores, especialistas, universidades y diferentes sectores de la sociedad.

En diálogo sobre el proceso, defendió la necesidad de actualizar una Constitución que considera valiosa, pero a la que atribuye debilidades que, con el paso de las décadas, permitieron una fuerte concentración del poder.

“La reforma busca un Estado mucho más transparente, mucho más equilibrado, mucho más controlado y más presente”, sintetizó.

“La Constitución del 87 es muy buena, pero tiene aspectos débiles”

—Después de meses de trabajo, ¿qué balance hace de la aprobación de la ley?

—Después de mucho debate, muchas sesiones de análisis y mucho trabajo, se llegó a buen puerto. Se analizaron los distintos aspectos del proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo y los puntos concretos que podrían reformarse de la Constitución del 87.

Hubo consultas, reuniones con senadores y diputados, participación de los bloques, comentarios, debates y análisis comparativos.

También se estudió cómo funcionaron las instituciones durante estos casi 40 años, qué funcionó bien y qué aspectos presentaron dificultades.

La idea siempre fue perfeccionar la Constitución del 87, porque es una muy buena Constitución, pero también tiene aspectos débiles.

—¿Cuál es el principal diagnóstico detrás de la reforma?

—Uno de esos aspectos débiles es que permitió una excesiva concentración del poder en pocas manos, algo que pudimos observar durante estos 40 años.

Las reelecciones indefinidas, la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, un hiperpresidencialismo muy acentuado y la personificación del poder permitieron que el sistema de pesos y contrapesos se desbalanceara.

La idea es dotar al sistema de mayor institucionalidad hacia el futuro, permitir una mayor rotación en las máximas magistraturas, fortalecer la independencia entre poderes y mejorar la capacidad técnica de las instituciones.

Un Estado con más controles y responsabilidad fiscal

—¿Qué tipo de Estado plantea el proyecto?

—Un Estado mucho más transparente, equilibrado, controlado y presente. Que pueda dar respuestas de manera eficiente y responsable.

Y cuando hablo de responsabilidad no me refiero solamente a la responsabilidad política. También existe una responsabilidad fiscal respecto del gasto público.

La reforma tiene una mirada orientada a preservar las cuentas públicas y a procurar un Estado eficiente desde el punto de vista del gasto. Es una demanda que hoy existe en la sociedad argentina y también particularmente en San Luis.

—¿Cómo se busca equilibrar concretamente el funcionamiento institucional?

—Hay varias herramientas. Una de ellas es fortalecer la independencia y autonomía del Ministerio Público.

Estamos hablando del organismo responsable de la acción pública, la defensa de la legalidad, las acciones penales y también de la protección de menores y de personas que no cuentan con recursos suficientes para acceder a una defensa adecuada.

La propuesta apunta a darle una mayor autonomía funcional y autarquía económica respecto del Poder Judicial, para que pueda desenvolverse de una manera más eficiente dentro de un Estado moderno.

Inteligencia artificial y nuevos derechos

Uno de los capítulos novedosos de la reforma aparece lejos de las discusiones políticas tradicionales.

El proyecto incorpora la posibilidad de constitucionalizar principios vinculados con las nuevas tecnologías, los datos personales y la inteligencia artificial, cuestiones inexistentes en el debate constitucional provincial de 1987.

—¿Por qué llevar la inteligencia artificial hasta la Constitución?

—Porque las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial ya están instaladas e interpelan a toda la sociedad. Y también interpelan al Estado, que debe dar una respuesta.

Actualmente existe un gran debate mundial respecto de hasta dónde regular. Hay diferentes modelos, desde posiciones más desreguladoras hasta el esquema europeo, que avanzó mucho más en regulación.

Todavía desconocemos muchas de las consecuencias que tendrá la inteligencia artificial, pero existe una obligación fundamental del Estado, que es proteger a la persona humana.

La reforma se inserta en lo que se conoce como constitucionalismo digital.

—¿La Constitución regularía directamente cómo debe utilizarse la inteligencia artificial?

—No. Una Constitución no puede regular esos temas en detalle. Lo que tiene que hacer es establecer principios.

Después será responsabilidad de la Legislatura sancionar las normas específicas.

Se pueden establecer principios vinculados con criterios éticos, trazabilidad, responsabilidades, prevención y reparación de daños.

La imagen y la voz como nuevos datos personales

Altavilla señaló que el cambio tecnológico también modificó el concepto tradicional de privacidad.

Mientras hace tres o cuatro décadas la discusión sobre los datos personales estaba principalmente asociada con información bancaria, financiera o administrativa, actualmente incluye una cantidad mucho mayor de elementos de la identidad individual.

—¿Qué cambió respecto de la protección que ya contemplaba la Constitución?

—Hoy hablamos de tu imagen, tu voz, tus fotografías y tus videos.

Además tenemos inteligencia artificial generativa capaz de producir contenido ficticio utilizando la imagen o la voz de una persona.

Por eso existe una necesidad de establecer principios que protejan la dignidad humana frente a estas nuevas herramientas.

No es simplemente una discusión tecnológica. Es una discusión sobre derechos.

La brecha digital también entra en discusión

La reforma contempla otro aspecto vinculado con el acceso a la tecnología: la obligación del Estado de procurar reducir las desigualdades digitales.

—¿Qué significa constitucionalizar la brecha digital?

—Tiene que existir un compromiso del Estado para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

Eso tiene una dimensión educativa, pero también económica.

Una pequeña o mediana empresa que puede producir utilizando inteligencia artificial y nuevas tecnologías tiene hoy posibilidades muy diferentes respecto de otra que no puede acceder a ellas.

Si no se trabaja sobre eso, las diferencias económicas pueden ampliarse enormemente.

El Estado tiene un rol importante para evitar que el desarrollo tecnológico genere nuevas formas de exclusión.

La discusión por las reelecciones

Uno de los capítulos que más debate político generó fue la limitación de los mandatos del gobernador.

La interpretación de las cláusulas transitorias provocó cuestionamientos desde sectores opositores, especialmente respecto de cómo se computarían los períodos ejercidos antes de la eventual entrada en vigencia de una nueva Constitución.

Altavilla sostuvo que esos límites deben interpretarse hacia el futuro.

—¿La nueva regla podría impedir que exgobernadores vuelvan a presentarse?

—No. La redacción no es restrictiva para nadie que haya ocupado el cargo anteriormente.

Las cláusulas transitorias funcionan hacia el futuro. Ocurre en todas las reformas constitucionales, incluida la Constitución Nacional de 1994.

No pueden aplicarse retroactivamente.

—¿Y qué ocurriría con el actual gobernador?

—La cláusula toma como referencia a quien ocupa actualmente el cargo.

Si Claudio Poggi no se presentara en la próxima elección y decidiera hacerlo más adelante, podría hacerlo. Si ganara, ese sería su último período.

La idea es que, hacia adelante, una persona pueda ejercer la Gobernación solamente durante dos períodos en toda su vida, sean consecutivos o alternados.

Ese es el nuevo principio que se busca establecer.

—Entonces, ¿los períodos cumplidos antes de la reforma no se computarían para otros exgobernadores?

—Exactamente. Cualquier persona que haya sido gobernador antes podría, bajo la futura Constitución, presentarse nuevamente y quedar alcanzada desde ese momento por el nuevo límite.

La Constitución rige hacia el futuro, no hacia atrás.

“No se trata de desconocer la Constitución de 1987”

Altavilla insistió en que el proyecto no fue pensado como una ruptura con el texto constitucional vigente, sino como una actualización basada en cuatro décadas de experiencia institucional.

—Después de todo el proceso, ¿cuál considera que es el sentido central de esta reforma?

—Perfeccionar la Constitución del 87, no desconocerla.

Hay que preservar aquello que funcionó bien y mejorar lo que puede funcionar mejor.

La búsqueda es de mayor institucionalidad, mayor rotación en las máximas magistraturas, mayor independencia entre los poderes, más controles y más equilibrio.

También buscamos un Estado transparente, equilibrado, controlado y presente, capaz de responder de manera eficiente y responsable.

Pero además tenemos que entender que la sociedad de hoy es completamente diferente de la de 1987.

La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la protección de la imagen, la voz y los datos personales o la necesidad de achicar la brecha digital forman parte de problemas que hace 40 años prácticamente no existían.

La Constitución debe establecer principios para que las instituciones puedan responder a esos desafíos.

La sanción de la ley abrió ahora una segunda etapa. La reforma propiamente dicha quedará en manos de una Convención Constituyente y será allí donde los límites fijados por la Legislatura se transformen —o no— en nuevas cláusulas constitucionales.

El debate que comenzó alrededor de una ley pasará entonces al terreno decisivo: qué reglas institucionales quiere San Luis para las próximas décadas.