Condenaron a ocho años de prisión a un ex penitenciario de San Luis por abuso sexual infantil

La Justicia de San Luis condenó a ocho años de prisión efectiva a un exagente del Servicio Penitenciario Provincial por producir y almacenar material de abuso sexual infantil y por abusar sexualmente de una niña menor de 13 años.

La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera los hechos, admitiera su responsabilidad y aceptara la pena acordada con el Ministerio Público Fiscal.

La resolución estuvo a cargo del juez de Garantía N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, quien homologó el acuerdo presentado por la fiscal adjunta de Género N° 2, Mercedes García.

La identidad del condenado no fue difundida para proteger a las víctimas, ya que se trata de niñas de su entorno familiar directo.

La investigación comenzó con un hallazgo en el Servicio Penitenciario

El caso se inició el 22 de octubre de 2025, cuando el subdirector del Servicio Penitenciario Provincial informó sobre el hallazgo de dos dispositivos de almacenamiento digital en el sector de cocheras del Complejo Penitenciario N° 1, ubicado en la ciudad de San Luis.

Inicialmente, las autoridades intentaron determinar si los dispositivos estaban vinculados con una posible vulneración de los sistemas informáticos de la institución.

Sin embargo, las primeras pericias realizadas por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos del Poder Judicial detectaron archivos de abuso sexual infantil.

A partir de ese descubrimiento, los investigadores avanzaron con nuevas medidas, identificaron al sospechoso y realizaron allanamientos que permitieron secuestrar otros elementos electrónicos.

El análisis de esos dispositivos resultó determinante para reconstruir los hechos e identificar a las víctimas.

Las pericias encontraron más de 1.300 archivos

El informe pericial definitivo, presentado el 23 de junio de 2026, confirmó la existencia de 1.298 imágenes y 19 videos clasificados como material de abuso sexual infantil.

Los especialistas establecieron que algunos registros tenían fechas de posible creación a partir de 2019.

Durante la investigación, las diligencias de reconocimiento permitieron identificar a dos niñas del entorno familiar del acusado que aparecían en parte del material.

Además, uno de los registros permitió acreditar un episodio de abuso sexual simple contra una de ellas, quien tenía menos de 13 años cuando ocurrió el hecho.

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran las actas de secuestro de los dispositivos, los resultados de los allanamientos, los informes periciales, entrevistas y registros audiovisuales.

El acusado reconoció los hechos y aceptó la condena

Durante la audiencia de juicio abreviado, el exagente penitenciario admitió su participación y responsabilidad en los delitos investigados.

La defensa, ejercida por los abogados Hugo Scarzo y Gabriel Varela, manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y aseguró que el acusado comprendía las consecuencias del procedimiento.

Por su parte, la defensora adjunta de Niñez y Adolescencia N° 3, Belén Suárez, informó que había mantenido entrevistas previas con las madres de las víctimas.

Según explicó, las representantes legales recibieron información sobre los hechos investigados, la modalidad del juicio abreviado y la pena acordada. Ambas prestaron su conformidad, por lo que la Defensoría de Niñez y Adolescencia también adhirió al acuerdo.

La condena comprende los delitos de producción y tenencia de material de abuso sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas, y abuso sexual simple contra una niña menor de 13 años, en concurso real.

El vínculo familiar y la posición de autoridad fueron agravantes

Al fundamentar el pedido de pena, la fiscal Mercedes García destacó distintas circunstancias que aumentaron la gravedad de los hechos.

Entre ellas mencionó la convivencia con las víctimas, el vínculo intrafamiliar y la posición de autoridad que el acusado ejercía sobre las niñas.

También consideró la manipulación involucrada en los delitos y los conocimientos tecnológicos del hombre, relacionados con su actividad en el Servicio Penitenciario Provincial.

El juez Flores Leyes evaluó las pruebas reunidas, el reconocimiento de responsabilidad del acusado y la conformidad de las partes.

Finalmente, consideró que la pena acordada era legal, razonable y proporcional a los delitos acreditados, por lo que dictó la sentencia de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

El fallo puso fin a esta instancia del proceso judicial, iniciado casi un año atrás a partir del hallazgo de los dispositivos digitales en el establecimiento penitenciario.