EDUCACIÓN
Diputados debate el Presupuesto 2027 y las universidades reclaman $3,7 billones más
La Cámara de Diputados debatirá este martes 20 de octubre los fondos destinados a las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto 2027, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y las instituciones de educación superior.
La discusión tendrá lugar desde las 10 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde expondrán el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El principal punto de conflicto es la diferencia entre los recursos previstos por el Poder Ejecutivo y los montos reclamados por las universidades. Mientras el Gobierno propone asignar 7,3 billones de pesos, las casas de estudio consideran necesarios 11 billones, lo que representa una brecha de 3,7 billones.
La reunión se desarrollará después de una multitudinaria movilización universitaria frente al Congreso, que terminó con incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.
La disputa por los fondos universitarios
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales.
Sin embargo, las instituciones educativas reclaman una asignación de $11 billones para afrontar sus necesidades presupuestarias.
La diferencia representa aproximadamente el 25,4% de los fondos solicitados, una distancia que profundiza las diferencias entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional.
El conflicto también está vinculado con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución continúa siendo motivo de controversia judicial y política.
Desde el Ejecutivo sostienen que deben respetarse las normas de administración financiera y que cualquier incremento del gasto público tiene que contar con una fuente de financiamiento expresamente establecida.
El Gobierno defenderá su política educativa
Durante la reunión legislativa, Torrendell y Álvarez expondrán los argumentos oficiales sobre la distribución de los recursos previstos para el próximo año.
El subsecretario de Políticas Universitarias ya manifestó que el Gobierno considera ajustada a derecho su actuación respecto de la Ley de Financiamiento Universitario.
La posición oficial se apoya en el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que las leyes que autoricen gastos deben contemplar expresamente cómo serán financiados.
Según la interpretación del Ejecutivo, cuando una norma no identifica esos recursos, su aplicación puede quedar suspendida hasta que las partidas sean incorporadas al presupuesto.
Álvarez también señaló que el Gobierno cumplió con una medida cautelar judicial y que la controversia se encuentra actualmente apelada ante la Cámara.
Las universidades deberán cumplir nuevas exigencias
El proyecto enviado al Congreso incluye disposiciones relacionadas con el control y la rendición de cuentas de los recursos transferidos a las universidades nacionales.
Entre ellas, establece que las instituciones deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los fondos recibidos.
En caso de incumplimiento, la iniciativa contempla la posibilidad de interrumpir las transferencias de recursos.
También exige que los presupuestos y las rendiciones contables de cada universidad identifiquen los gastos correspondientes a educación y cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, el texto establece que los aumentos previstos para 2027 se calcularán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes en noviembre de 2026.
Las ampliaciones de personal posteriores deberán contar con autorización del Ministerio de Capital Humano para ser consideradas dentro de ese esquema.
Recortes en becas, comedores e infraestructura escolar
La discusión presupuestaria también comprende otras áreas del sistema educativo.
Según el proyecto presentado por el Gobierno, el presupuesto educativo para 2027 asciende a 9,8 billones de pesos, con reducciones previstas en diferentes programas.
Entre los sectores afectados aparecen las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral, la infraestructura educativa y la formación docente.
En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización figura entre las iniciativas con mayor crecimiento de recursos y contará con una asignación de 773.000 millones de pesos.
La propuesta mantiene, además, el mecanismo de distribución automática de fondos educativos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para gastos vinculados con la educación.
Una discusión clave para el funcionamiento de las universidades en 2027
El debate parlamentario será determinante para establecer los recursos con los que contarán las universidades públicas durante el próximo año.
La controversia no solo comprende las partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones, sino también los salarios docentes y no docentes, las actividades académicas, la investigación y las condiciones presupuestarias del sistema.
Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias reclaman mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
La discusión continuará en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar los acuerdos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027, en medio de un conflicto que mantiene movilizada a la comunidad universitaria.