Amplían la imputación a Bonilla tras hallar 164 mil archivos de abuso infantil

La investigación por material de abuso sexual infantil (MASI) contra Eduardo Luis Bonilla sumó en las últimas horas un giro decisivo: una pericia final determinó la existencia de alrededor de 164 mil fotos y videos en dispositivos vinculados al imputado, muy por encima de los 2.500 archivos mencionados en los primeros informes.

Con ese resultado, la Fiscalía de Género N°2, a cargo de Antonella Córdoba, solicitó ampliar la imputación y sostuvo que el volumen y las características del hallazgo permiten inferir una conducta que excede la mera tenencia. El planteo fue admitido, y el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, también resolvió prorrogar la prisión preventiva por 120 días.

Bonilla, de 72 años, fue detenido el 26 de agosto durante un allanamiento en su vivienda, en el marco de una pesquisa iniciada a partir de un reporte del 9 de junio que detectó actividad ilícita asociada a una dirección IP atribuida al acusado. En ese primer procedimiento, el caso se vinculó a un operativo internacional de investigación.

El informe técnico definitivo, fechado el 15 de diciembre y elaborado por el área especializada del Poder Judicial, consignó que la mayor cantidad de archivos estaba alojada en una notebook, seguida por un disco rígido y un pendrive. Según la fiscalía, además se detectaron indicios de búsquedas específicas, uso de herramientas de intercambio y mecanismos orientados a dificultar el rastreo o preservación de evidencia, un punto que la acusación consideró relevante para evaluar la intencionalidad.

La extensión de la preventiva se fundó, entre otros argumentos, en el riesgo de entorpecimiento de la investigación por la naturaleza de la prueba digital y en la gravedad del caso, que incrementa el peligro de fuga. La fiscalía también remarcó el impacto que estos delitos generan sobre las víctimas, al implicar una revictimización cada vez que el material circula.

La defensa oficial, encabezada por Stefanía Cifuentes, volvió a pedir prisión domiciliaria sin acceso a internet, apoyada en el estado de salud del imputado y en la situación de su esposa, de 82 años, con Parkinson. Planteó además un pedido para que se informe el paradero de la mujer, actualmente alojada —según indicó— en una institución para personas mayores.

En el expediente, la discusión sobre la situación personal del acusado convive con un escenario procesal que se endurece: con la imputación ampliada y la preventiva extendida, la causa ingresa en una etapa clave, con nuevas medidas pendientes y una expectativa de pena que, de confirmarse la hipótesis fiscal, apunta a un desenlace de cumplimiento efectivo.