Abdala muestra baches, pero prometió una obra nacional que nunca arrancó

En política, como en el tránsito, no alcanza con señalar los pozos: también hay que explicar quién levantó el asfalto y quién apagó la máquina. En San Luis, esa discusión volvió a escena de la mano del senador nacional Bartolomé Abdala, que difundió un video exhibiendo rutas rotas y apuntó contra el gobierno provincial de Claudio Poggi. El problema es que, al hacerlo, dejó al descubierto una contradicción difícil de esquivar.

No es la primera vez que Abdala habla de rutas. En noviembre de 2024 aseguró públicamente que el Gobierno nacional repavimentaría la Avenida Santos Ortiz, una de las arterias principales de la ciudad de San Luis. Dijo que la obra se haría a través de Vialidad Nacional, que habría una empresa ejecutora y que el anuncio traía “tranquilidad y alegría” para los sanluiseños. Sin embargo, en la misma declaración reconoció que no existía fecha de inicio. Pasaron los meses y la obra nunca comenzó.

Hoy, con la cámara del celular en mano, el senador libertario recorre baches y pozos como si se tratara de una revelación reciente. Muestra tramos deteriorados de la Ruta Provincial 3 y de la Ruta Nacional 7, un corredor estratégico para la producción y el comercio. El mensaje es directo: el Estado provincial no estaría gestionando. Lo que no dice es que parte de ese deterioro ocurre en rutas que dependen, directa o indirectamente, del mismo Gobierno nacional que él representa.

La omisión no es menor. Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo nacional tomó una decisión política explícita: frenar la obra pública. No se trata de una interpretación, sino de un anuncio formal del propio Gobierno, que canceló nuevas licitaciones, revisó contratos vigentes y congeló proyectos que no habían comenzado. La motosierra no distinguió entre provincias amigas u opositoras. Pasó por todas.

A ese freno se sumó un recorte severo de recursos. Durante 2024, las transferencias de fondos nacionales a las provincias se redujeron de manera drástica y la coparticipación real cayó en varias jurisdicciones, entre ellas San Luis. Menos fondos implican menos capacidad para mantener rutas, ejecutar obras y sostener infraestructura. No es una excusa: es una relación directa entre decisiones macro y consecuencias concretas.

Pero la foto tampoco está completa si se mira solo a Nación. San Luis arrastra una herencia pesada. Antes de dejar el poder, Alberto Rodríguez Saá firmó una serie de decretos que incorporaron a miles de empleados a planta permanente, generando un impacto inmediato sobre el gasto público. La nueva gestión provincial asumió con una estructura inflada, escaso margen financiero y la necesidad de revisar decisiones tomadas en los últimos días del gobierno anterior. Esa mochila también pesa cuando hay que decidir si se tapa un bache o se paga un sueldo.

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👉 El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dijo que en su rol como legislador representante de San Luis cuenta con un grupo de “más de 15 asesores”. En una charla con TN, confesó que están abocados a su objetivo personal: ser el gobernador de su provincia.

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En ese entramado aparece otro dato que, puertas adentro de la política nacional, nadie desconoce. Abdala no es un actor aislado del pasado que dice combatir. En el Senado, ocupa uno de los despachos más codiciados de la Cámara Alta, el mismo que supo utilizar Adolfo Rodríguez Saá durante su prolongado paso por el Congreso. No es un detalle menor ni casual. Tampoco lo es que, al asumir, el senador libertario haya absorbido buena parte de la estructura heredada, incluyendo asesores que respondían al exmandatario puntano y que continuaron bajo su órbita tras el fin del mandato de Adolfo.

Esa continuidad silenciosa —despacho premium incluido— contrasta con el discurso de ruptura y cambio que Abdala exhibe en público. Mientras en San Luis denuncia herencias y responsabilidades ajenas, en Buenos Aires conserva vínculos, cuadros y beneficios que remiten al mismo esquema de poder que dice cuestionar. Una dualidad que explica, en parte, por qué su relato apunta siempre hacia afuera y rara vez hacia adentro.

En ese contexto, el video de los baches funciona más como un gesto político que como una denuncia integral. Porque muestra una parte del problema, pero silencia las causas. Critica la gestión provincial, pero omite que su espacio gobierna el país, que prometió obras que no arrancaron y que impulsó un ajuste que impacta de lleno en la infraestructura vial.

Los pozos existen, nadie lo niega. Lo que está en discusión es la honestidad del relato. Señalar baches mientras se frenó la obra pública nacional, se redujeron los recursos a las provincias y se mantienen privilegios heredados del viejo poder no es fiscalización: es recorte selectivo de la realidad.

San Luis necesita rutas en condiciones, no videos oportunos. Y necesita algo más difícil todavía: dirigentes que se hagan cargo de lo que prometen y de las decisiones que toman, incluso cuando los pozos no están solo en la ruta, sino también en el discurso.