Una fiscal designada por Rodríguez Saá intentó archivar una causa por presunta defraudación

La decisión generó ruido puertas adentro del Ministerio Público. La fiscal Alejandra Quiroga Nassivera archivó sin medidas de prueba una denuncia por presunta defraudación contra el Estado provincial en la compra de equipamiento para Bomberos.

El expediente tiene origen en la licitación pública Nº 43 MHeIP–DCyC–2025, impulsada por el Ministerio de Seguridad el 10 de febrero de 2025. El pliego exigía indumentaria bajo norma NFPA 1971, estándar internacional para bomberos estructurales, diseñada para ingreso directo en incendios de alta intensidad.

La adjudicación recayó en la empresa Huaco SA. El 3 de julio se recibió el equipamiento y el 16 se concretó el pago.

La alerta surgió después: al revisar las etiquetas, las prendas estaban certificadas bajo norma NFPA 2112, un estándar distinto, orientado a riesgos industriales y de menor exigencia térmica que el requerido en la licitación.

Para los técnicos, la diferencia no es semántica. La NFPA 1971 contempla protección multicapa para incendios estructurales; la 2112 está diseñada para fuego repentino en ámbitos industriales. También tiene un costo considerablemente menor.

Tras detectar la irregularidad, el Estado intimó formalmente al proveedor. La empresa negó incumplimientos. Sin embargo, desde Fiscalía de Estado sostienen que la documentación técnica acompañada permitiría advertir que el producto entregado no coincide con el contratado.

Hubo dos denuncias penales por los mismos hechos. Una quedó en manos de Quiroga Nassivera. La fiscal la archivó sin ordenar peritajes sobre las prendas, sin convocar a ratificar la denuncia y sin disponer medidas preliminares para determinar si existió perjuicio económico.

La otra denuncia es investigada por la fiscal María Lucero Suárez y continúa con diligencias en curso.

El fiscal adjunto Berruezo confirmó que se presentaron planteos para revertir el archivo. “El expediente fue cerrado sin actividad investigativa”, señalaron desde el organismo que representa al Estado.

La discusión ya no es solo técnica. Si se pagó por equipamiento bajo norma NFPA 1971 y se entregó otro estándar, el eje pasa por determinar si hubo incumplimiento contractual o una maniobra con impacto económico para la Provincia.

No es la primera vez que la actuación de Quiroga Nassivera genera cuestionamientos. Designada en 2023 durante el final del mandato de Alberto Rodríguez Saá, su desempeño en causas vinculadas a presuntas irregularidades administrativas viene siendo observado con atención.

Ahora, la presión está puesta en que el caso no quede cerrado sin que al menos se analice técnicamente qué se compró, qué se entregó y cuánto pagó el Estado por esa diferencia.