Denunciaron a un concejal de La Punta por amenazas y una agresión tras la sesión

La primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante de La Punta terminó envuelta en un fuerte conflicto interno y derivó en una denuncia policial. El secretario legislativo del cuerpo, Juan Pablo Martínez, acusó al concejal Martín Bastías de haberlo insultado, amenazado y agredido físicamente tras concluir el debate.

Según consta en la presentación realizada en la Comisaría N°28, el incidente se inició inmediatamente después de finalizada la sesión, cuando —siempre de acuerdo al relato del denunciante— Bastías increpó a concejales de otro bloque y la tensión se trasladó al sector administrativo, una vez terminada la redacción del acta.

En ese contexto, Martínez sostuvo que el concejal lo descalificó de manera personal y que, tras un intercambio verbal, la discusión continuó fuera del recinto, en dependencias ubicadas en la Batería Comercial B. La denuncia describe que varias personas intervinieron para separarlos, sin lograr desactivar por completo el enfrentamiento.

El tramo más grave del relato aparece cuando el secretario legislativo afirma que recibió amenazas directas, entre ellas la frase “te voy a matar”, y que luego, en un sector detrás del módulo del Juzgado de Paz, Bastías le propinó un golpe de puño en el mentón. En la misma exposición, indicó que el concejal habría reiterado insultos y advertencias antes de retirarse del lugar.

La presentación también menciona la intervención del secretario administrativo, Fernando Ovejero, quien habría intentado apartarlos en medio de la situación. En ese momento, siempre según la denuncia, el concejal también lo habría agredido verbalmente.

Bastías es presidente del Partido Justicialista seccional La Punta y asumió su banca en diciembre pasado, luego de encabezar la lista de concejales en las elecciones de 2025. Por la naturaleza del hecho, el episodio suma tensión política al arranque del período legislativo local y abre un capítulo institucional que podría escalar si se formalizan actuaciones judiciales.

Con el acta policial ya presentada, el próximo paso quedará en manos de la Justicia y de las autoridades competentes: se evaluará la declaración del denunciante, posibles testigos y registros de cámaras en la zona, además de eventuales medidas internas del Concejo para encauzar el conflicto. Mientras tanto, el caso instala una señal de alerta sobre el clima de convivencia institucional y el funcionamiento del cuerpo deliberativo en el inicio del año legislativo.