El Gobierno actualizó los aranceles para discapacidad y fijó una suba del 2,90% en marzo

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La suba será del 2,90% para marzo de 2026 y regirá sin distinción por tipo de prestación, según quedó establecido en la Resolución 13/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión toma como base la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a febrero de 2026 y se calcula sobre los valores que habían sido aprobados el mes anterior. En febrero, el sistema ya había recibido un incremento del 5,78%, también uniforme para todas las prestaciones.

La resolución, además, ratificó la continuidad del reconocimiento de un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la zona patagónica. Ese plus por zona desfavorable seguirá vigente en el esquema de actualización que aplica el Ministerio de Salud.

La medida impacta directamente sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, la herramienta que regula los valores del sistema. En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la actualización responde a lo acordado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y a lo estipulado en la Ley 27.793.

Esa norma declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y previó, entre otros puntos, la actualización de aranceles del sistema. El recorrido de la ley estuvo atravesado por un conflicto político e institucional: el Poder Ejecutivo la vetó en 2025, el Congreso insistió en su sanción, luego fue promulgada por el Decreto 681/2025 y más tarde su aplicación quedó envuelta en una disputa judicial que derivó en su reglamentación mediante el Decreto 84/2026.

Con esta nueva suba, el Ejecutivo vuelve a mover una variable sensible dentro del sistema de atención a personas con discapacidad, en un contexto en el que prestadores, familias y organizaciones siguen de cerca la evolución de los aranceles frente a la inflación. El alcance real de la actualización, sin embargo, volverá a medirse en la práctica: en la capacidad del sistema para sostener servicios, cobertura y calidad de atención.