Con la recaudación en caída, 12 provincias ya necesitan adelantos para pagar sueldos

La motosierra llegó al gasto público, pero también al corazón de las provincias. En medio de una caída sostenida de la recaudación y con cada vez más gobernadores ajustando al límite sus cuentas, el Gobierno nacional ya prepara una asistencia financiera para distritos que empezaron a tener dificultades concretas para pagar salarios.

El presidente Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a 12 provincias, en un esquema que contempla un tope de $400 mil millones y una tasa cercana al 15%. En la práctica, se trata de fondos que les corresponden por ley a las provincias, pero que la Nación girará por adelantado para evitar que la fragilidad fiscal derive en un escenario más crítico.

La decisión revela algo más profundo que una simple asistencia administrativa: expone el deterioro financiero que ya golpea a varias jurisdicciones, incluso a algunas que hasta hace pocos meses acompañaban al oficialismo sin demasiado ruido. El esquema incluye provincias de distintos signos políticos y confirma que la tensión fiscal ya no distingue entre aliados, dialoguistas u opositores.

En ese mapa, San Luis busca correrse de la foto.

Fuentes del Ministerio de Hacienda provincial confirmaron que también se viene registrando una caída sostenida en la recaudación, pero aseguraron que, gracias a la reserva salarial creada por el gobernador Claudio Poggi, por ahora no será necesario recurrir a endeudamiento para afrontar el pago de sueldos.

La señal no es menor. Mientras una docena de provincias ya empezó a mirar a la Casa Rosada como salvavidas financiero, el Gobierno puntano intenta instalar una idea de previsión y equilibrio, en contraste con otros distritos que quedaron más expuestos al ahogo fiscal.

La herramienta que utilizará la Nación no es nueva. Son adelantos de coparticipación, un mecanismo aplicado por distintas administraciones desde la presidencia de Carlos Menem y que el propio Gobierno de Milei ya utilizó este año, cuando autorizó una transferencia a Entre Ríos. A diferencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estos recursos no son discrecionales, sino que forman parte de los fondos que las provincias ya tienen asignados por ley.

Desde el oficialismo destacan además que la tasa prevista se ubica por debajo de lo que impondría el mercado. Pero detrás de esa explicación técnica asoma una realidad menos elegante: si una provincia necesita cobrar hoy lo que le correspondería mañana para poder pagar sueldos, el problema ya dejó de ser contable y pasó a ser político.

El listado de provincias alcanzadas por la medida incluye a Catamarca, Salta, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chubut, Misiones, Mendoza, Chaco, Tierra del Fuego y La Rioja, entre otras. Es un abanico amplio que refleja una preocupación transversal: la caída de los ingresos propios y de las transferencias automáticas ya empezó a erosionar la capacidad de varios gobiernos para sostener el funcionamiento básico del Estado.

Ese deterioro no es una sensación. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en marzo las transferencias automáticas de Nación a provincias registraron una caída real del 11,3% respecto de febrero. La baja se explica principalmente por el menor rendimiento de impuestos clave como el IVA y Ganancias, que constituyen el núcleo de la masa coparticipable.

En términos políticos, el cuadro vuelve a tensar la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Durante 2024, los 24 mandatarios provinciales impulsaron una ley para que los ATN se distribuyeran automáticamente, pero esa iniciativa fue vetada por el presidente y nunca volvió a avanzar. Ahora, con las cuentas más apretadas y la presión salarial en aumento, la dependencia financiera de las provincias respecto de la Nación vuelve a quedar expuesta.

Por ahora, la provincia de Buenos Aires —gobernada por Axel Kicillof— no será parte de este esquema, aunque también enfrenta conflictos salariales y tensiones presupuestarias. La exclusión no elimina el dato de fondo: la crisis de ingresos se expandió y ya perfora a buena parte del mapa federal.

En paralelo, esta semana intendentes de capitales provinciales de distintos espacios políticos volvieron a reclamar mayores recursos a la Nación. Aunque la coparticipación municipal depende de cada provincia, la caída de la recaudación arrastra hacia abajo a todos los niveles del Estado.

En ese contexto, la decisión de San Luis de no pedir por ahora adelantos funciona también como un mensaje político. No solo busca diferenciarse de las provincias que ya necesitan auxilio, sino reforzar la idea de que el Gobierno de Poggi mantiene capacidad de maniobra en un escenario donde la mayoría empieza a administrar urgencias.