Condenaron a 180 años a un profesor que grabó a 42 mujeres en baños y probadores

La Justicia española dictó este martes una de las sentencias más severas en un caso de vulneración de la intimidad en Navarra. La Sección Primera de la Audiencia de Navarra condenó a un profesor del IES de Zizur a 180 años y 9 meses de prisión por grabar a 42 mujeres en baños del centro educativo y en probadores de comercios. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El fallo, sin embargo, aclara un punto clave: el condenado no cumplirá esa suma aritmética de penas, sino un máximo efectivo de 15 años de cárcel, en aplicación del artículo 76 del Código Penal español, que fija como tope el triple de la pena más alta impuesta. En este caso, la mayor sanción individual fue de cinco años.

La sentencia sostiene además que el acusado se valió de su condición de docente para avanzar sobre la intimidad de alumnas del instituto. Según la resolución, usó datos personales de las menores para apoderarse de claves de acceso de correos electrónicos y redes sociales como Instagram y Snapchat, desde donde obtenía archivos y fotografías privadas que luego almacenaba. Durante el juicio, la defensa admitió tanto las grabaciones como el acceso a carpetas personales de las estudiantes.

La investigación se activó a partir de la denuncia de una vecina que descubrió una cámara oculta en octubre de 2023. A partir de esa presentación, el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona autorizó la entrada y registro en el domicilio del imputado. Los peritajes posteriores, según remarcó la Audiencia, resultaron “demoledores” y desmontaron la estrategia defensiva, al confirmar accesos selectivos a cuentas y la conservación de prácticamente todos los archivos.

El tribunal consideró al profesor autor de decenas de delitos contra la intimidad, además de delitos de posesión y elaboración de pornografía infantil. También le impuso 10 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad vinculada con menores de edad. A eso se suman indemnizaciones de entre 3.000 y 15.000 euros para cada una de las 42 víctimas. Antes del juicio, el procesado había consignado 273.000 euros, motivo por el cual se le reconoció la atenuante de reparación del daño.

El fallo cierra una primera etapa judicial, pero deja una marca más profunda: expone cómo un docente pudo convertir un ámbito de confianza en un escenario de vigilancia clandestina, abuso y apropiación de intimidad. La magnitud de la condena refleja no solo la cantidad de víctimas, sino también la gravedad de una conducta sostenida en el tiempo y ejecutada desde un lugar de poder.