Justicia
Lo imputaron por abusar de su sobrina durante más de una década
Un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador y por causar un grave daño en la salud, acusado de haber abusado de su sobrina política durante más de una década.
Según la Fiscalía de Género, los hechos habrían ocurrido desde que la víctima tenía 7 años hasta los 20, en distintos episodios registrados en la localidad de La Toma y en la ciudad de San Luis.
La audiencia de formulación de cargos se realizó ante la jueza Luciana Banó. La acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Mercedes García, de la Fiscalía de Género N°2, mientras que la defensa fue ejercida por los abogados Esteban Bustos Bridarolli y Valentina Rotte.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el imputado se habría valido de su rol de guardador y de la confianza familiar para sostener los abusos durante años.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso el impacto que los hechos habrían causado en la víctima, quien presentó cuadros de depresión y atravesó dos intentos de suicidio. También señaló que los abusos cesaron cuando la joven logró contar lo ocurrido a su hermana.
Como parte de la prueba inicial, el Ministerio Público incorporó informes del Cuerpo Profesional Forense, cartas manuscritas de la denunciante y testimonios de su entorno familiar.
Para esta etapa de la investigación, la Fiscalía solicitó medidas de coerción: firma del libro de imputados durante cuatro meses, prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo y restricción de acercamiento y contacto con la víctima durante seis meses.
La defensa sostuvo la inocencia del acusado y cuestionó la falta de precisión temporal en el relato. También planteó que, al tratarse de hechos presuntamente ocurridos en el ámbito privado, la imputación no debería sostenerse únicamente en el testimonio de la denunciante.
Los abogados remarcaron además que el imputado afirmó no haber residido en San Luis durante el período señalado, que no tiene antecedentes penales y que se presentó voluntariamente ante la Justicia.
Tras escuchar a las partes, la jueza Banó tuvo por formulados los cargos y dio lugar a las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público Fiscal no pidió la detención porque el acusado se mantuvo “a derecho”, es decir, se presentó voluntariamente tras ser notificado y cuenta con defensa técnica. En este tramo del proceso, la libertad es la regla y la prisión preventiva solo se aplica ante riesgos concretos de fuga o entorpecimiento de la investigación.
