El imperio de cheques rechazados de Pascual Celdrán y la denuncia por una presunta estafa millonaria

En Villa Mercedes hay una pregunta que empieza a crecer cada vez con más fuerza: hasta dónde llega el entramado que rodea al abogado Pascual Agustín Celdrán.

La pregunta ya no nace solamente de comentarios de pasillo o conflictos comerciales privados. Ahora aparece respaldada por documentación financiera, registros comerciales, cheques rechazados por cifras multimillonarias y una denuncia pública que involucra vehículos, operaciones irregulares y presuntas conexiones dentro del sistema judicial.

El Diario de San Luis accedió a documentación financiera y comercial que muestra un cuadro delicado alrededor del letrado. Por resguardo legal, este medio preserva datos personales sensibles, domicilios y números identificatorios completos, pero los registros consultados muestran información contundente: Celdrán figura con un endeudamiento total en el sistema financiero de $110.610.000, compromisos mensuales por $3.482.496 y una calificación vigente del Banco Central en situación 4, considerada de alto riesgo de insolvencia.

El informe también consigna aportes patronales impagos durante los últimos doce meses y la rescisión de un contrato con una ART por falta de pago. La actividad principal declarada por el abogado es la prestación de servicios jurídicos, aunque aparecen además actividades vinculadas a venta de autos usados, asesoramiento empresarial, publicidad e indumentaria deportiva.

Pero el dato más pesado está en la sábana de cheques.

De acuerdo a documentación del Banco Central a la que accedió este medio, en cuentas personales vinculadas a Celdrán figuran 147 cheques rechazados por $300.971.000. A eso se suman registros correspondientes a la firma PAC-CEL Soluciones SAS, donde aparecen 145 cheques rechazados por $381.813.320.

El consolidado general asciende a $672.722.320 en cheques rechazados, además de otros montos observados por defectos formales. Gran parte de los registros aparecen bajo causal “sin fondos” y numerosos casos continúan en estado “impaga”, según surge de la documentación financiera consultada por El Diario de San Luis.

Los números muestran además una concentración especialmente fuerte entre octubre de 2025 y abril de 2026. Solo entre octubre y diciembre, los registros personales y societarios acumulan rechazos por cientos de millones de pesos.

La documentación también vincula a Celdrán con PAC-CEL Soluciones SAS, una sociedad creada en 2025 donde figura como administrador y accionista. Según el objeto societario registrado, la firma abarca servicios jurídicos, consultoría empresarial, marketing, publicidad, compraventa de bienes muebles e inmuebles y distintas actividades comerciales.

Ese cuadro financiero ahora se cruza con una denuncia pública explosiva.

Elías Demetrio, dueño de una concesionaria automotor de Villa Mercedes, aseguró haber sido víctima de una presunta maniobra cercana a los $600 millones. Según relató públicamente, entregó vehículos en consignación a Celdrán porque lo consideraba “una persona conocida y prestigiosa”, lo que le generó confianza.

Demetrio contó que el abogado le manifestó que quería abrir una agencia de autos junto a personas de su entorno y comenzar a operar en el rubro automotor. Bajo ese acuerdo, le entregó vehículos para comercializar.

La cifra es contundente: 18 automóviles.

Según el denunciante, Celdrán retiró personalmente 13 unidades, mientras que otras cinco habrían sido llevadas por Miguel Ángel Ramírez, quien aparecía junto a Brian Torres dentro de la operatoria. También mencionó a Diego y Francisco Pochetti, Franco Flores y a la concesionaria NYL Cars.

La maniobra que describe es siempre la misma: los autos eran publicados en Facebook, Marketplace y redes sociales, vendidos rápidamente y luego el dinero nunca aparecía.

“Yo pedía 20 millones y ellos los vendían en 10”, sostuvo Demetrio, quien interpreta que los ofrecían por debajo del valor real porque sabían que no le iban a rendir el dinero.

Según explicó, el acuerdo consistía en que una vez vendido cada vehículo se abonaría la operación y recién allí se retiraría la documentación que permanecía en su poder. Pero eso nunca ocurrió.

El comerciante asegura además que recibió cheques como garantía, aunque luego descubrió que eran rechazados por falta de fondos. Ese punto coincide directamente con la documentación financiera a la que accedió este medio.

La denuncia ya ingresó por la Unidad de Abordaje Fiscal y fue ratificada recientemente. Demetrio pretende que la Justicia investigue a Celdrán y a las personas mencionadas bajo la figura de asociación ilícita. Hasta el momento no existe condena ni imputación firme sobre el abogado en esta causa.

“La cabeza de todo es Pascual Celdrán”, afirmó el empresario públicamente.

Hay un episodio particularmente sensible.

Demetrio relató que detectó uno de sus vehículos —un Renault Fluence— publicado en internet, logró recuperarlo personalmente y posteriormente terminó denunciado por hurto.

“Me denunciaron por robar mi propio auto”, sostuvo.

Según explicó, tenía boleto de compraventa, documentación respaldatoria y denuncia de venta. Sin embargo, aseguró que posteriormente el fiscal José Olguín ordenó el secuestro del vehículo, que actualmente permanece retenido.

El comerciante también afirmó que las personas vinculadas a la maniobra lo denunciaron reiteradamente por amenazas y que incluso le impusieron restricciones de acercamiento.

“Celdrán los incitó para que me denuncien cinco veces y yo no pueda reclamar más”, aseguró.

Ese punto es el que empieza a generar más ruido alrededor del caso.

Porque Demetrio no solo denuncia una presunta maniobra económica. También desliza sospechas sobre el funcionamiento de ciertos sectores judiciales.

“Pascual tiene muchos amigos en la Justicia”, afirmó públicamente.

La frase impacta porque Celdrán no es un abogado desconocido dentro del ecosistema político y judicial puntano. En los últimos meses intervino en expedientes sensibles y causas de alto perfil mediático.

Entre ellos aparece la representación de Sergio Freixes, ex súper ministro de Alberto Rodríguez Saá imputado en una causa donde se investiga un presunto desfalco millonario en la administración del Municipio Pueblo Ranquel.

También tuvo participación en la causa El Caburé, representando a una de las empresas querellantes, aunque luego abandonó el patrocinio tras cuestionar decisiones judiciales y apuntar contra el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial.

Además, su nombre mantiene una estrecha relación política y personal con dirigentes de peso dentro del albertismo, entre ellos Ernesto “Pipi” Alí, con quien conserva una reconocida cercanía desde hace años. Esa exposición le da al caso una dimensión pública mayor. No se trata de un particular desconocido, sino de un abogado con fuerte presencia mediática, vínculos dentro del ecosistema político-judicial y participación frecuente en expedientes sensibles de la provincia.

Por eso la denuncia excede largamente un conflicto comercial privado.

Si lo que sostiene Demetrio logra acreditarse en sede judicial, no se trataría solamente de autos vendidos sin rendición o cheques rechazados. Lo que empieza a aparecer es la sospecha de una estructura organizada alrededor de un abogado con influencia, donde terceros habrían publicado, vendido, cobrado, denunciado y presionado mientras los vehículos cambiaban de manos.

La documentación financiera por sí sola no prueba delitos ni reemplaza una condena judicial. Pero sí expone un contexto imposible de ignorar: deudas bancarias, cheques rechazados, obligaciones impagas, deterioro crediticio y una sociedad vinculada con otra montaña de rechazos millonarios.

El Colegio de Abogados también queda ahora frente a una pregunta incómoda. Demetrio pidió públicamente que se analice la conducta profesional del letrado e incluso reclamó la suspensión de su matrícula hasta que se esclarezca la situación.

La Justicia tiene ahora una oportunidad concreta.

Puede investigar a fondo, seguir la ruta de los vehículos, analizar los cheques, revisar las publicaciones en redes, determinar responsabilidades y escuchar a otros posibles damnificados que —según el denunciante— ya estarían preparando nuevas presentaciones.

Pero para eso deberá despejar la sospecha más pesada de todas: que el apellido Celdrán funcione como escudo.

Porque cuando un abogado del poder acumula, según registros financieros oficiales, más de $672 millones en cheques rechazados, aparece rodeado de denuncias por vehículos y además es señalado públicamente por presunta influencia dentro de Tribunales, el asunto deja de ser privado.

Pasa a ser institucional.

Y Villa Mercedes necesita saber si está frente a un conflicto comercial aislado… o ante una trama mucho más profunda de autos, cheques, contactos y poder que alguien dejó crecer demasiado.

La documentación financiera mencionada en esta nota surge de registros comerciales y bancarios de acceso público vinculados a la Central de Cheques Rechazados del Banco Central de la República Argentina. La existencia de cheques rechazados o denuncias judiciales no implica por sí sola la comisión de delitos, situación que deberá ser determinada por la Justicia competente.