Milei lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios y busca reducir otros 20.000 empleos estatales

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios para reducir la cantidad de empleados públicos nacionales, en el marco de su política de achicamiento de la estructura estatal. La medida contempla compensaciones económicas para los trabajadores que decidan desvincularse y establece restricciones para su eventual reincorporación.

La iniciativa fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del Presidente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según informó La Nación, el Ejecutivo busca reducir otros 20.000 puestos de trabajo mediante esta nueva etapa de reorganización administrativa. Se trata de un objetivo gubernamental y no de una cantidad de desvinculaciones ya concretadas.

El régimen estará disponible durante noviembre y alcanzará a determinados trabajadores de planta permanente y empleados contratados por tiempo indeterminado de la administración pública nacional centralizada.

Quiénes podrán acceder al retiro voluntario

El programa está dirigido a trabajadores comprendidos en la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional, y a determinados empleados con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

La medida se aplicará en dependencias de la administración central del Poder Ejecutivo nacional, como Presidencia, Jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías.

En cambio, quedan excluidos los trabajadores con contratos transitorios, el personal de organismos descentralizados y determinados sectores especiales, entre ellos las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el Servicio Exterior.

Por lo tanto, el nuevo régimen no alcanza automáticamente a los empleados públicos provinciales o municipales, ni a todos los organismos nacionales.

Los interesados también deberán cumplir condiciones administrativas y legales, como no encontrarse sujetos a determinados procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes.

Cuánto cobrarán los empleados que acepten retirarse

Uno de los puntos centrales del decreto es el sistema de compensaciones, que establece diferentes alternativas según la edad, la antigüedad laboral y los aportes previsionales.

El esquema contempla tres grupos principales:

• Trabajadores próximos a la edad jubilatoria sin aportes suficientes: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 podrán optar entre una compensación única o el cobro del 60% de su salario bruto mensual durante un período de hasta 36 meses.

• Empleados cercanos a la jubilación con al menos 30 años de aportes: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 recibirán una compensación calculada según su antigüedad, con los límites establecidos por la normativa, más cinco remuneraciones adicionales.

• Trabajadores de menor edad: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 podrán percibir un salario por cada año de antigüedad, con un tope de 20 remuneraciones, más cuatro o cinco salarios adicionales según los años de servicio.

De acuerdo con las condiciones particulares de cada trabajador, las compensaciones podrán alcanzar hasta 35 salarios, mientras que otros casos tendrán la alternativa de recibir pagos mensuales durante un plazo determinado.

Los montos no serán iguales para todos los empleados, ya que dependerán de su situación laboral y previsional.

La inscripción comenzará el 1° de noviembre

El período de adhesión estará habilitado entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026.

El decreto también contempla la posibilidad de extender el plazo por otros 30 días.

Una vez presentada la solicitud, la autoridad de la dependencia correspondiente tendrá hasta 40 días para evaluar si acepta la desvinculación.

Si no existe una respuesta expresa dentro de ese período, el pedido se considerará rechazado.

Esto significa que la presentación de una solicitud no garantiza automáticamente el otorgamiento del retiro.

No podrán volver a trabajar en el Estado durante ocho años

Otra de las condiciones relevantes del programa es la prohibición de reincorporación al sector público nacional.

Quienes acepten el retiro voluntario no podrán regresar a trabajar en el Estado nacional durante ocho años, conforme a las restricciones previstas en la normativa.

Además, los cargos que queden vacantes serán eliminados de la estructura presupuestaria.

El Gobierno justificó esta decisión en la necesidad de reorganizar las dependencias y reducir los gastos asociados al funcionamiento de la administración pública.

De esta manera, la salida de los trabajadores no habilitará automáticamente la contratación de nuevos empleados para ocupar esos mismos puestos.

El Estado nacional ya redujo más de 77.000 puestos de trabajo

El nuevo régimen se suma a las medidas de reducción de personal implementadas desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la administración pública nacional registró una reducción neta de 77.515 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

La cifra comprende la administración centralizada y descentralizada, empresas estatales y otros sectores incluidos en el relevamiento.

El dato refleja la diferencia entre la cantidad de puestos existentes al inicio y al final del período, por lo que no equivale exclusivamente al número de despidos.

Con la nueva convocatoria, el Ejecutivo pretende profundizar esa tendencia mediante un mecanismo de desvinculación voluntaria acompañado de compensaciones económicas.

ATE rechazó la medida y anunció una protesta

El lanzamiento del programa también generó una reacción sindical.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), conducida a nivel nacional por Rodolfo Aguiar, cuestionó la iniciativa y anunció una movilización para el miércoles 21 de octubre frente a la Quinta de Olivos.

Desde el gremio sostienen que la reducción de personal puede afectar las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios públicos.

El Gobierno, en cambio, presenta el régimen como parte de su estrategia para reducir la estructura administrativa y optimizar la utilización de recursos.

La discusión se produce en un contexto de diferencias persistentes entre el Ejecutivo nacional y las organizaciones sindicales por la política de empleo público.

Con la apertura de las inscripciones prevista para noviembre, comenzará una nueva etapa de reducción de personal en el Estado nacional, cuyos resultados dependerán de la cantidad de trabajadores que soliciten el retiro y de las solicitudes que finalmente sean aprobadas.