La Justicia rechazó devolver bienes a la esposa de Juan Carlos Insúa

La Cámara Federal de Mendoza rechazó el pedido de Sandra Noemí Cnochaert, esposa de Juan Carlos Insúa, para recuperar una camioneta, equipos tecnológicos y dinero que permanecen secuestrados dentro de la investigación por narcotráfico que tiene al dirigente sindical procesado y detenido.

La mujer había solicitado la restitución de una Nissan Kicks 1.6 Sense MT, una notebook ASUS, un iPhone 16 Pro Max, $22.200, 320 euros y 265 dólares, elementos incautados durante los procedimientos realizados el 21 de mayo de 2025.

El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, rechazó inicialmente el planteo. La defensa apeló, pero el tribunal mendocino confirmó ahora esa decisión y dispuso que los bienes continúen bajo custodia judicial.

Uno de los argumentos centrales es que parte de esos elementos todavía podría ser utilizada como prueba durante un eventual juicio oral. Además, permanecen pendientes peritajes sobre los dispositivos electrónicos.

La Fiscalía sostiene también que los bienes podrían quedar alcanzados por un eventual decomiso, en caso de acreditarse durante el proceso que fueron adquiridos o utilizados con fondos provenientes de actividades ilícitas.

El rol que investiga la Fiscalía

Cnochaert aparece dentro de la investigación que analiza el movimiento económico de la organización que, según la acusación federal, habría encabezado Insúa.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la mujer habría recibido en cuentas bancarias dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes y que habría funcionado como prestanombre de su pareja. Se trata de una hipótesis incorporada al expediente que deberá ser probada en las siguientes etapas judiciales.

Antecedentes públicos de la causa ya la habían identificado como una de las personas investigadas por su presunto papel en la administración y ocultamiento de bienes vinculados con Insúa.

La Cámara entendió que, en esta instancia, existen razones suficientes para mantener las medidas cautelares y que devolver los objetos y el dinero podría afectar la investigación.

La causa que comenzó en La Punilla

El expediente tuvo uno de sus puntos de partida el 19 de junio de 2024, cuando Insúa fue detenido en la zona limítrofe de La Punilla mientras viajaba junto a Natalia Amar con 1,093 kilos de cocaína en una Fiat Strada.

A partir de ese procedimiento, la Justicia Federal profundizó las escuchas, seguimientos y movimientos financieros hasta reconstruir, según la acusación, una estructura que compraba cocaína a proveedores radicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la trasladaba hacia San Luis por la Ruta Nacional 7.

nsúa fue posteriormente procesado con prisión preventiva como presunto organizador de una estructura dedicada al tráfico y comercialización de cocaína. En la misma investigación quedaron involucradas otras personas y una segunda organización que habría tenido como referente en Villa Mercedes a Diego “El Gaucho” Funes.

Según la pesquisa, ambos grupos mantenían estructuras propias pero coordinaban operaciones. La droga era distribuida principalmente en Villa Mercedes, Merlo y localidades del Valle del Conlara.

Los investigadores estimaron que Insúa adquiría cargamentos cercanos a los cinco kilos semanales y que una porción importante terminaba en la red atribuida a Funes en Villa Mercedes.

Los vínculos políticos y sindicales de Insúa

Insúa ocupó cargos en el Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de Carne y Afines (SOFECA) y en la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Agrarios (FeTARA). También existen registros de su participación en actividades políticas vinculadas al peronismo y en la campaña presidencial de Alberto Fernández en 2019.

La Justicia investiga precisamente si utilizó esas estructuras gremiales para justificar viajes, alquileres de predios y movimientos asociados a la logística que la Fiscalía atribuye a la organización.

La decisión de la Cámara Federal no implica todavía el decomiso definitivo de la camioneta, el dinero o los equipos reclamados por Cnochaert. Lo que resolvió es que no serán devueltos mientras continúen siendo considerados evidencia y exista la posibilidad de que queden alcanzados patrimonialmente por el resultado del proceso.

El expediente avanza así en dos planos paralelos: determinar las responsabilidades penales de los acusados y reconstruir el circuito económico de una causa que ya no investiga solamente cómo ingresaba la cocaína a San Luis, sino también qué ocurrió con el dinero y los bienes presuntamente generados por ese negocio.