PROYECTO SEA LION
La Justicia de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que contempla actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.
La medida fue dispuesta por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras relacionadas con el emprendimiento.
La resolución alcanza las actividades vinculadas con el desarrollo del proyecto, entre ellas las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la explotación petrolera.
Una disputa que llegó a la Justicia
La causa se inició a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), que solicitaron que se suspendieran las actividades relacionadas con Sea Lion.
Las organizaciones plantearon cuestionamientos vinculados con el impacto ambiental del proyecto y sostuvieron que las empresas no realizaron ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente.
La jueza Borruto ya había declarado la competencia del Juzgado Federal de Río Grande para intervenir en el expediente y había dispuesto la participación de la provincia de Tierra del Fuego en la causa.
El proyecto Sea Lion
Sea Lion es un emprendimiento hidrocarburífero desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.
Las compañías proyectan avanzar con tareas de perforación y explotación offshore. La iniciativa se encuentra además atravesada por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
La decisión judicial de Río Grande abre ahora una nueva instancia en la controversia, mientras la causa continúa su trámite y la Justicia deberá analizar los planteos realizados por las organizaciones que impulsaron la presentación.
La resolución cautelar, por el momento, impide que las empresas avancen con las obras alcanzadas por la medida mientras continúa el proceso judicial.