Soberanía
El proyecto por Malvinas endurece penas y crea un Consejo de Seguridad Nacional
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que nació ligada al conflicto por la explotación de recursos en las Islas Malvinas, pero que terminó incorporando una reforma mucho más amplia sobre defensa, seguridad e inteligencia.
El texto propone reemplazar la actual Ley 26.659 y endurecer el régimen contra quienes desarrollen actividades económicas sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
Hasta ahora, la legislación se concentraba principalmente en los hidrocarburos. El nuevo esquema busca alcanzar todos los recursos naturales renovables y no renovables, por lo que también podría involucrar actividades pesqueras, logísticas, financieras y de servicios vinculadas con esas explotaciones.
La responsabilidad tampoco quedaría limitada a la empresa que realice directamente la extracción. El proyecto incluye a socios, accionistas, controlantes y proveedores considerados esenciales para esas operaciones.
Penas de hasta 20 años
La iniciativa contempla sanciones administrativas, económicas y penales.
Para determinadas actividades vinculadas con recursos no renovables se prevén penas que pueden llegar a 20 años de prisión. Las empresas también podrían sufrir prohibiciones para contratar con el Estado o desarrollar actividades en el país, revocación de permisos y otras sanciones.
El proyecto incorpora además esos delitos al régimen de juicio en ausencia, lo que permitiría avanzar con un proceso aun cuando el acusado no se encuentre a disposición de la Justicia argentina, siempre que se cumplan los requisitos legales previstos.
A la vez, establece un mecanismo de desistimiento y regularización para empresas que abandonen las actividades cuestionadas. Quienes cesen esas operaciones y cumplan determinadas condiciones podrían acceder a la suspensión y eventual extinción de acciones administrativas o penales.
Un Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los cambios centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente.
Como miembros permanentes estarán el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El Presidente podrá convocar además a otros funcionarios o especialistas.
Ese organismo tendrá a su cargo la coordinación de las políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.
También podrá requerir información a organismos públicos y coordinar acciones con provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
Medidas económicas frente a amenazas externas
El proyecto incorpora además herramientas económicas para situaciones consideradas de riesgo grave e inminente para la Seguridad Nacional.
Entre ellas aparecen restricciones temporales a operaciones cambiarias y financieras, transferencias y pagos; limitaciones sobre importaciones y exportaciones; suspensión de permisos, concesiones o contratos; bloqueo de fondos y activos bajo jurisdicción argentina y restricciones para acceder a determinados beneficios públicos.
También permitiría elevar temporalmente derechos de importación o exportación vinculados con un Estado extranjero involucrado en la amenaza, con un límite previsto en el proyecto.
Estas medidas deberán estar vinculadas con una situación concreta de seguridad nacional y no implican una habilitación automática: el texto establece condiciones y procedimientos para su aplicación.
Nuevas reglas para el espacio aéreo
La iniciativa también regula el procedimiento frente a aeronaves consideradas irregulares u hostiles.
La actuación sería progresiva: identificación, comunicaciones, advertencias, órdenes y, eventualmente, demostraciones de fuerza.
El uso efectivo de la fuerza aparece como último recurso y requerirá una orden expresa del Presidente de la Nación. Esa atribución podrá ser delegada en el ministro de Defensa, con intervención previa del Consejo de Seguridad Nacional.
El esquema recupera una discusión que ya tuvo antecedentes en Argentina. En 2016 se había aprobado un régimen permanente de protección aeroespacial que contemplaba el derribo de vectores hostiles, pero esa normativa fue modificada en 2023.
También habrá un régimen para buques
En el ámbito marítimo, el proyecto establece distintas etapas para actuar ante embarcaciones sospechosas o consideradas hostiles.
El procedimiento incluye identificación, orden de detención, persecución conforme al derecho internacional, inspección, maniobras de interposición y disparos de advertencia.
Si esas alternativas resultan insuficientes, podrían efectuarse disparos para inutilizar sistemas de propulsión o gobierno.
El hundimiento quedaría reservado para situaciones militares extremas y requeriría autorización presidencial. El texto prohíbe expresamente utilizar esa medida contra un buque civil simplemente como sanción o para impedir una fuga.
Influencia extranjera y campañas políticas
Otro capítulo modifica las reglas sobre participación extranjera en la política argentina.
La propuesta busca impedir que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña o propaganda electoral.
También crea nuevos delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia y con acciones realizadas por cuenta o con financiamiento de Estados u organizaciones extranjeras destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
Las penas propuestas para esas conductas parten de cinco años y aumentan cuando intervienen amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
Infraestructura crítica y nuevas amenazas
La iniciativa modifica además la Ley de Defensa Nacional y amplía la definición de amenazas externas para incluir actores estatales y no estatales y agresiones convencionales o no convencionales.
Dentro de ese esquema aparecen expresamente los ataques cibernéticos, el sabotaje externo y las amenazas contra infraestructura estratégica.
El proyecto crea también un régimen nacional de protección de infraestructuras críticas, entre ellas instalaciones energéticas, sistemas de comunicaciones, redes tecnológicas, centros de datos y otros servicios indispensables para el funcionamiento del Estado y de la economía.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán identificar infraestructuras dentro de sus jurisdicciones, mientras que sus operadores deberán elaborar planes específicos de seguridad.
El RePET tendrá rango legal
El texto eleva además a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), actualmente administrado dentro del esquema de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo.
La propuesta contempla la inmovilización de fondos y activos vinculados con personas o entidades incorporadas al registro, con intervención posterior de la Justicia Federal, y suma nuevas figuras penales relacionadas con el apoyo material a organizaciones vinculadas con terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto todavía no es ley. Ingresó este jueves al Congreso y deberá atravesar el debate en comisiones, la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado.
La discusión legislativa tendrá así un alcance considerablemente mayor al conflicto por los recursos de Malvinas. El Congreso deberá definir si aprueba un esquema que no solo endurece las sanciones sobre el Atlántico Sur, sino que también reordena la conducción de la Seguridad Nacional y amplía las herramientas económicas, militares y de inteligencia disponibles frente a amenazas externas.