Milei impulsa una reforma penal que vuelve imprescriptibles delitos graves

Empoderado por el resultado de las elecciones legislativas de octubre, el presidente Javier Milei avanzará en el Congreso con una profunda reforma del Código Penal que busca instalar un cambio de paradigma en la política criminal argentina. El eje central de la iniciativa es declarar imprescriptibles una serie de delitos graves, como el abuso sexual de menores, el terrorismo y el narcotráfico.

El anuncio lo realizó este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. “Así como trabajamos para poner orden en la economía y en las cuentas públicas, también trabajamos para poner orden en las calles”, sostuvo el funcionario, quien definió el proyecto como una norma que “viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie”.

Según adelantó, el texto será remitido “a la brevedad” al Parlamento y se inscribe en la doctrina que el oficialismo sintetiza en una consigna: “El que las hace, las paga”. La Casa Rosada busca trasladar a la seguridad y la justicia el impulso reformista que ya desplegó en materia económica, en un contexto en el que, aunque Argentina no registra las tasas de delito más altas de la región, la inseguridad se ubica entre las principales preocupaciones sociales.

El Gobierno venía anunciando desde hace meses su intención de reformar el Código Penal, pero recién ahora decide avanzar con un paquete integral, tras haber consolidado mayor volumen legislativo con la elección de medio término. “El Código Penal vigente está hecho a medida de los delincuentes, violadores y asesinos. Las condenas son insuficientes o muchas veces ni siquiera se cumplen”, cuestionó Adorni. “Ahora no habrá contemplaciones contra los que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad”, agregó.

Entre los puntos centrales, el proyecto declara imprescriptibles los delitos de homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, trata de personas, secuestros extorsivos, atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático, terrorismo y financiamiento del terrorismo, así como tráfico y contrabando de estupefacientes.

La saliente ministra de Seguridad y futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue más explícita al explicar el alcance del cambio: “Las hiciste, no es que a los 10 años te quedaste en tu casa tranquilo, te escondiste, te fuiste a algún país vecino y volvés. No. Te persigue el Estado y la Justicia toda tu vida porque las hiciste y las vas a pagar”, advirtió.

La iniciativa también incluye un endurecimiento de penas. En el caso del homicidio simple, la sanción pasará de 25 a 30 años de prisión. Para homicidio agravado, que ya contempla la prisión perpetua, se amplía el listado de agravantes: se incorporan las víctimas que sean presidentes, ministros, maestros o directivos de escuelas, los crímenes cometidos dentro de establecimientos educativos y los asesinatos de menores de 16 años o mayores de 65.

Bullrich destacó, además, que “las condenas perpetuas no van a tener límite temporal”, lo que apunta a restringir la posibilidad de que los condenados accedan a libertad condicional luego de cumplir un determinado tiempo de encierro, como prevé el régimen actual.

Otro de los capítulos prevé sanciones más severas para los funcionarios condenados por corrupción, quienes perderán el beneficio de la jubilación derivada de su paso por la función pública. La idea del Ejecutivo es asociar la responsabilidad penal con un castigo patrimonial y simbólico que desincentive este tipo de delitos.

Para que la reforma se convierta en ley, el oficialismo necesitará el apoyo de otras fuerzas, ya que la modificación del Código Penal requiere mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras. Pese a esa exigencia, Bullrich se mostró confiada en lograr acuerdos: “Yo creo que ya hay una conciencia, en el Congreso de la Nación, de ir hacia esta doctrina. Estoy convencida de que se va a votar, convencidísima”, aseguró.

Con la presentación inminente del proyecto, el debate sobre la imprescriptibilidad de ciertos delitos, el alcance de la prisión perpetua y el equilibrio entre seguridad y garantías volverá al centro de la agenda legislativa y política en las próximas semanas.