Cintia Ramírez va a juicio por corrupción y Alberto Rodríguez Saá deberá dar explicaciones en Tribunales

La próxima semana empezará a escribirse uno de los capítulos judiciales más incómodos para el albertismo. La ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, irá a juicio oral acusada de haber usado el Estado para favorecer al San Luis Fútbol Club, una institución que ella misma conducía. En el banquillo no sólo quedará expuesta una ex funcionaria de primera línea: también volverá a quedar bajo sombra el modo en que se administraron los fondos públicos durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, quien además deberá declarar como testigo.

El debate oral se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo, ante un Tribunal integrado por Fernando De Viana como presidente, y Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales. Ramírez llegará al juicio imputada por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, pidió para ella cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

No se trata de una causa menor ni de un expediente administrativo inflado. Lo que se juzgará es si una funcionaria provincial convirtió su cargo en una herramienta para canalizar plata del Estado hacia un club que presidía en simultáneo. Dicho sin rodeos: si usó la estructura pública para beneficiar a su propia criatura política y deportiva.

Ramírez será, además, la segunda funcionaria del gobierno anterior en sentarse en el banquillo por corrupción, después de la condena al ex ministro de Seguridad Claudio Latini, hallado culpable de peculado por haber trasladado bienes públicos a su domicilio particular en Juana Koslay en los últimos días de la gestión. El dato no es menor. Marca un patrón inquietante: ex funcionarios del último tramo del rodriguezsaísmo empezaron a desfilar por los tribunales no por diferencias políticas, sino por el manejo de los recursos del Estado.

La trama detrás de la acusación

La causa tiene dos ejes centrales, y ambos son explosivos.

El primero apunta a 188 transferencias de fondos públicos que, según la investigación, fueron destinadas al San Luis Fútbol Club, creado en 2022 y presidido por la propia Ramírez. Para la Fiscalía, esos recursos sirvieron para financiar distintos gastos de la institución: transporte, alojamiento, indumentaria, equipamiento y otros costos operativos del equipo.

El punto crítico es evidente. La funcionaria que debía administrar recursos públicos con imparcialidad aparecía al mismo tiempo del otro lado del mostrador, al frente del club beneficiado. Es ahí donde la causa encuentra su corazón: la presunta utilización del aparato estatal para favorecer intereses propios.

El segundo eje del expediente gira en torno a la compra de un colectivo Volvo modelo 2018, operación que se hizo mediante un subsidio estatal por $290 millones. La acusación sostiene que el vehículo tenía en realidad un valor de $114 millones, por lo que se habría pagado un sobreprecio de $175 millones. La cifra no sólo impacta por su volumen. Impacta porque, de comprobarse, exhibiría una maniobra obscena con dinero de todos los puntanos.

La Fiscalía entiende que con estos movimientos Ramírez no actuó como una funcionaria administrando recursos públicos, sino como alguien que mezcló su rol institucional con intereses personales y dirigenciales.

El nombre que vuelve a escena

Entre los testigos citados para el juicio aparece Alberto Rodríguez Saá, propuesto por la defensa de Ramírez. Su nombre no irrumpe por casualidad ni por peso simbólico. Está vinculado directamente con uno de los hechos más delicados de la causa: el subsidio otorgado al San Luis Fútbol Club para la compra del colectivo.

Durante su gestión, el entonces gobernador firmó el decreto que habilitó la transferencia de fondos para concretar la operación. Por eso su declaración podría ser clave para reconstruir el recorrido administrativo que terminó con la adquisición del micro y para explicar cómo, por qué y bajo qué criterios se autorizó semejante desembolso.

La citación del exmandatario agrega voltaje político a un juicio que ya de por sí es explosivo. Porque no se juzga a una funcionaria aislada ni un expediente menor perdido en un despacho. Se juzga una forma de ejercer el poder, donde los límites entre el Estado, la militancia, el favoritismo y los negocios parecieron borrarse peligrosamente.

En la lista de testigos también figuran el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, ex funcionarios del área de Deportes, interventores del club y peritos que intervinieron en las tasaciones y verificaciones del rodado. Es decir, el juicio no sólo pondrá bajo la lupa a Ramírez: también expondrá a una porción del engranaje político y administrativo que avaló, ejecutó o dejó correr estas decisiones.

Una causa que sobrevivió a las maniobras dilatorias

La causa fue elevada a juicio oral en mayo de 2025, pero después vinieron distintas presentaciones defensivas que buscaron trabar, estirar o demorar el avance del proceso. Finalmente, el Tribunal de Impugnaciones confirmó la elevación a debate y despejó el camino para que la causa llegue a juicio.

Ese dato tampoco es menor. Porque muestra que, detrás del expediente, hubo una estrategia para ganar tiempo y enfriar el impacto de una investigación que compromete a una ex funcionaria muy ligada al poder político del gobierno anterior.

Ahora ya no hay margen para seguir pateando el expediente. Llegó la hora de las explicaciones en una sala de audiencias.

El intento de esquivar la escena

En las últimas horas trascendió que Rodríguez Saá estaría evaluando realizar un viaje fuera del país durante los días del juicio, una posibilidad que podría impedir su presencia en Tribunales. De confirmarse, el dato abriría una lectura política inevitable: el exgobernador, que firmó el decreto clave en una de las maniobras investigadas, podría quedar al borde de esquivar la escena judicial más incómoda para su exfuncionaria.

Aun así, el centro del proceso seguirá estando sobre Ramírez y sobre una pregunta de fondo: si la Secretaría de Deportes y el Ente Deportes fueron usados para promover políticas públicas o para financiar, desde el Estado, un proyecto privado con cobertura oficial.

Lo que empieza a juzgarse

El juicio contra Cintia Ramírez no sólo pondrá bajo examen una serie de transferencias y una compra bajo sospecha. Pondrá en discusión algo mucho más profundo: el uso del poder para beneficiar a los propios, la naturalización del cruce entre función pública e intereses particulares, y la impunidad con la que durante años se manejó la plata del Estado.

Después de la condena a Claudio Latini, esta será otra prueba incómoda para la herencia del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Y puede convertirse en algo todavía peor para ese espacio político: la confirmación judicial de que detrás del relato de gestión había funcionarios que usaban el Estado como si fuera un club privado.