El Gobierno citará a rectores para destrabar el conflicto por el financiamiento universitario

El Gobierno nacional se encamina a abrir una nueva instancia de negociación con los rectores de las universidades públicas en medio del conflicto por el financiamiento del sistema. En la Casa Rosada reconocen que deben dar alguna respuesta al fallo judicial que obligó a aplicar la ley vigente, mientras intentan ganar tiempo para recalcular el impacto fiscal de una norma que el oficialismo considera difícil de sostener en los términos actuales.

La tensión gira alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025, ratificada tras el veto presidencial y luego judicializada por el Consejo Interuniversitario Nacional ante la falta de aplicación por parte del Poder Ejecutivo. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos referidos a la actualización salarial y de las becas.

Ese fallo reactivó un conflicto que el oficialismo venía arrastrando desde el año pasado y que ahora amenaza con volver a ganar la calle. Según surge de la cobertura periodística de los últimos días, el Ejecutivo analiza una convocatoria a rectores para principios de mayo con el objetivo de buscar una salida negociada que alivie la presión política y, al mismo tiempo, le permita discutir cambios en la ley vigente.

En paralelo, las universidades endurecen su posición. La Nación informó que el sistema universitario ya fijó una nueva movilización federal para el 12 de mayo, en lo que será la cuarta gran marcha del sector desde que comenzó el enfrentamiento con la administración de Javier Milei. La protesta buscará exigir que el Gobierno cumpla con la ley vigente y deje de postergar la actualización de salarios, becas y partidas de funcionamiento.

El reclamo no se limita a una discusión presupuestaria abstracta. La ley establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar mensualmente por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades nacionales, y contempla además una recomposición de haberes docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la norma. También obliga a convocar paritarias con una periodicidad que no puede exceder los tres meses.

Del lado oficial, la principal objeción pasa por el costo fiscal. En abril, Infobae consignó que la sentencia judicial volvió determinante la discusión por una erogación estimada en 2,5 billones de pesos para todo el sistema universitario. Desde el Gobierno vienen sosteniendo que esos recursos no estaban contemplados en el presupuesto y que el cumplimiento de la ley exige una readecuación de partidas que todavía no logran ordenar.

Mientras tanto, el Ejecutivo también impulsa una alternativa legislativa propia. Según La Nación, la iniciativa oficial no contempla recomponer lo perdido en 2024 y plantea una actualización solo para 2025, en tres tramos del 4,1%, además de modificar la lógica automática de ajuste por inflación prevista en la ley actual. Esa propuesta fue leída por las universidades como un intento de reabrir una discusión que, desde su punto de vista, ya fue saldada por el Congreso y por la Justicia.

En el sistema universitario la paciencia empieza a agotarse. Rectores, gremios docentes y no docentes advierten desde hace semanas que el deterioro salarial compromete la continuidad de cátedras, provoca renuncias y debilita el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Incluso quienes celebraron el fallo judicial aclararon que la resolución solo será útil si el Gobierno la acata y traduce esa obligación en fondos concretos.

Con ese telón de fondo, mayo asoma como un mes decisivo. La Casa Rosada necesita evitar que el conflicto universitario vuelva a convertirse en un símbolo de desgaste político, como ocurrió en 2024, pero las autoridades académicas ya dejaron claro que no aceptarán una salida que implique resignar lo que consideran un derecho ya reconocido por ley y ratificado por la Justicia. La negociación que viene no será solo por números: también pondrá a prueba hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno frente a uno de los sectores que más capacidad de movilización demostró contra el ajuste.