Denuncian que una petrolera británica vinculada a Malvinas fue beneficiada por el RIGI

La participación de una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas en un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generó una nueva controversia política en torno a la política energética y la cuestión de soberanía.

La denuncia fue realizada por el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien cuestionó que Harbour Energy posea el 15% de Southern Energy, un proyecto destinado a actividades de producción y exportación de gas desde Río Negro que obtuvo la aprobación del Gobierno mediante la Resolución 559/2025.

Según el planteo del legislador, Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021. Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por actividades de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina, en las proximidades de las Islas Malvinas.

Ferraro cuestionó especialmente la participación de la compañía en un proyecto alcanzado por los beneficios del RIGI y reclamó explicaciones al Gobierno sobre la situación de la empresa y los controles aplicados al momento de aprobar la iniciativa.

La denuncia adquiere especial relevancia por el contexto político actual. El Gobierno de Javier Milei anunció esta semana nuevas medidas contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas circundantes a las Islas Malvinas. El Decreto 868/2026 estableció nuevos mecanismos de control y dispuso que las empresas que pretendan acceder al RIGI deberán acreditar el cumplimiento de la legislación argentina vinculada con la soberanía sobre el archipiélago.

La normativa establece además que, en el caso de personas jurídicas, deberán declarar que tanto ellas como quienes tengan participación directa o indirecta no desarrollan ni desarrollarán actividades alcanzadas por las prohibiciones previstas en la Ley 26.659.

El caso abre ahora un interrogante sobre qué controles se realizaron cuando Southern Energy obtuvo el beneficio del RIGI y cuál es la situación jurídica actual de Harbour Energy, en un momento en que el Gobierno busca endurecer su posición frente a las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos vinculados con las Islas Malvinas.