El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y les dio más poder a las provincias

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y dejó formalmente vigente un nuevo marco legal para la protección de glaciares y ambientes periglaciares en la Argentina. La medida fue oficializada dos semanas después de su aprobación en el Congreso, donde el proyecto se convirtió en ley con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.

La nueva norma, registrada como Ley 27.804, introduce modificaciones sustanciales sobre el régimen que regía desde 2010 y redefine el modo en que se determinará qué áreas quedarán bajo protección específica. El punto central del cambio es la transferencia de mayor poder de decisión a las provincias, que tendrán un rol más directo en la evaluación técnica de los cuerpos de hielo y de los ambientes periglaciares.

Hasta ahora, la Ley de Glaciares establecía una protección amplia sobre los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Con la reforma, esa protección dependerá de criterios técnicos locales vinculados a la denominada “función hídrica efectiva”, es decir, al papel que cada área cumpla en la regulación y provisión de agua.

En los hechos, el nuevo esquema habilita a cada jurisdicción provincial a intervenir con mayor peso en la definición de qué zonas serán preservadas y cuáles podrían quedar fuera de la tutela específica de la ley. Ese punto fue presentado por el oficialismo y por sectores productivos como una herramienta para ordenar el desarrollo minero y evitar prohibiciones generales sobre territorios cordilleranos.

La reforma fue defendida en el Congreso como una actualización necesaria para compatibilizar la protección ambiental con el impulso a la actividad minera, especialmente en provincias con fuerte potencial para proyectos de cobre, oro, plata y otros minerales. Los bloques que acompañaron la iniciativa sostuvieron que el nuevo texto no elimina la protección de los glaciares, sino que precisa el alcance de esa protección y fortalece la competencia provincial.

Del otro lado, la oposición y organizaciones ambientalistas cuestionaron duramente la modificación. Advirtieron que el cambio puede debilitar el principio precautorio, reducir áreas protegidas y abrir la puerta a actividades extractivas en zonas que antes estaban alcanzadas por restricciones más amplias. También señalaron que la reforma podría derivar en nuevas presentaciones judiciales por tratarse de una ley de presupuestos mínimos ambientales.

El debate adquiere especial sensibilidad porque los glaciares cumplen un rol clave en la regulación hídrica de las cuencas cordilleranas. En años secos, funcionan como reservas naturales que liberan agua hacia ríos y lagos, por lo que cualquier modificación en su régimen de protección impacta directamente en discusiones sobre agua, producción, ambiente y desarrollo territorial.

Con la promulgación, el Gobierno nacional consolidó una de las reformas ambientales más discutidas de los últimos años. A partir de ahora, la atención se trasladará a las provincias, que deberán definir sus criterios de aplicación, revisar áreas protegidas y establecer cómo convivirán la preservación de reservas hídricas con los proyectos productivos que buscan avanzar en zonas de alta sensibilidad ambiental.

El nuevo escenario abre una etapa de fuerte disputa política, técnica y judicial. Para el oficialismo, la reforma ordena competencias y destraba inversiones; para sus críticos, reduce garantías ambientales en un contexto de crisis hídrica. En el medio, las provincias quedarán frente a una responsabilidad decisiva: demostrar que el desarrollo económico no avance a costa de las reservas de agua más sensibles del país.