El Estado podría pagar casi US$10 millones a abogados de Cristina Kirchner y otros acusados

El Estado nacional podría afrontar un pago cercano a US$10 millones en honorarios para los abogados que participaron en una demanda civil contra Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad. La suma, equivalente a unos $13.614 millones, todavía no quedó firme y depende de una definición de la Corte Suprema.

El origen del conflicto está en una demanda civil iniciada por Vialidad Nacional para reclamar el resarcimiento de fondos públicos. El organismo dejó de impulsar el expediente y la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia, dando por terminado el proceso.

A partir del cierre de la causa, los abogados de los demandados y de otros involucrados solicitaron que se regularan sus honorarios por el trabajo realizado durante el trámite judicial. La Justicia estableció una suma total de $13.614 millones, que con la cotización utilizada en los cálculos representa casi US$10 millones.

Quiénes recibirían los mayores montos

El honorario individual más elevado corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez. La regulación alcanza unos $3.714 millones, equivalentes a aproximadamente US$2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su actuación como apoderado.

Le siguen Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora, con alrededor de $1.857 millones cada uno, equivalentes a unos US$1,21 millones por abogado.

También fueron establecidos honorarios para los letrados que representaron a otros exfuncionarios vinculados con el expediente. Entre ellos figuran Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo y Gabriel Alberto Domenech-Achetone, con montos que oscilan entre aproximadamente US$433.000 y US$867.000 por defensa.

En el caso de Cristina Kirchner, sus abogados Luis Goldín y Fernando Muriel tienen regulados unos $549,8 millones y $331,1 millones, respectivamente. En conjunto, representan alrededor de US$575.764.

La decisión quedó en manos de la Corte

El pago no está definido de manera definitiva. Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión que declaró la caducidad del juicio civil.

La Cámara había frenado el trámite de los honorarios mientras el máximo tribunal analiza ese recurso. Paralelamente, los abogados de Cristina Kirchner recurrieron a la Corte y denunciaron una situación de “privación de justicia” por la demora en la definición de sus honorarios.

La controversia genera un escenario particular: un juicio civil impulsado por el Estado terminó sin avanzar y ahora podría derivar en una obligación millonaria para las arcas públicas, mientras la Corte debe resolver si mantiene o revierte la caducidad del expediente.

Hasta que el máximo tribunal se pronuncie, los casi US$10 millones permanecen sujetos a la resolución definitiva sobre el destino de la demanda.