El Gobierno expulsará a extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de prohibición de ingreso y expulsión de extranjeros del territorio argentino.

La medida alcanza a quienes dirijan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos vinculados con su nacionalidad. También contempla a quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios.

El Decreto 681/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La normativa modifica el régimen migratorio vigente y habilita al Estado a actuar tanto frente a personas que pretendan ingresar al país como ante extranjeros que ya residan en el territorio nacional.

La Oficina del Presidente sostuvo que la decisión fue adoptada frente a recientes manifestaciones de hostilidad contra la Argentina y sus ciudadanos.

“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó el Ejecutivo al comunicar la medida.

Según el alcance informado, la disposición no incluye las críticas ideológicas, políticas o académicas protegidas por el derecho a la libertad de expresión. La aplicación deberá concentrarse en conductas que sean consideradas incitación al odio, discriminación o violencia por razones de nacionalidad.

El decreto también diferencia la situación de quienes buscan ingresar al país de la de aquellos que cuentan con residencia. En el primer caso, las autoridades migratorias podrán rechazar la entrada. Para los extranjeros que ya se encuentren en la Argentina, la norma habilita procedimientos destinados a cancelar su permanencia y disponer la expulsión.

La medida fue anunciada después de una serie de enfrentamientos discursivos y manifestaciones contra la Argentina que tuvieron amplia circulación en redes sociales durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El Gobierno vinculó esos episodios con una campaña de hostilidad contra el país.

La modificación abre ahora una etapa de aplicación administrativa y eventual revisión judicial. Las autoridades deberán establecer en cada caso si las expresiones cuestionadas constituyen una conducta alcanzada por el decreto o si se encuentran amparadas por la libertad de expresión.