Escándalo en la UCR: la lista de José Riccardo suma candidatos que dicen no haber firmado

La interna de la Unión Cívica Radical de San Luis quedó atravesada por un escándalo que ya no pasa solamente por la disputa de cargos partidarios. Identidad Radical, el espacio encabezado por José Riccardo, enfrenta cuestionamientos por candidatos que aseguran haber sido incorporados a sus listas sin prestar consentimiento y, en uno de los casos, por una firma que fue formalmente desconocida ante la Junta Electoral.

El episodio estalla además en medio de una pelea política de mayor alcance. José Riccardo busca quedarse con la conducción de la UCR mientras, según la información aportada a este medio, mantiene un alineamiento con el espacio de Alberto Rodríguez Saá, que trabaja para volver a disputar la Gobernación y recuperar el sillón de Terrazas del Portezuelo.

En ese contexto, las denuncias sobre el armado de las listas de Identidad Radical adquieren otra dimensión.

El caso más grave conocido hasta ahora tiene como protagonista a Emma Gladys Baracco, quien realizó una presentación dirigida a la Junta Electoral Permanente de la UCR de San Luis después de enterarse de que aparecía como candidata a vocal titular del Comité Departamental Junín por Identidad Radical.

Baracco fue terminante.

En el escrito sostuvo que “JAMÁS presté mi consentimiento para integrar dicha lista, JAMÁS acepté ser candidata a dicho cargo y JAMÁS suscribí una aceptación de candidatura o de cargo con ese propósito”.

La presentación no habla de un arrepentimiento posterior ni de una renuncia después de haber aceptado. Lo que plantea es exactamente lo contrario: que nunca quiso integrar la lista.

Y hay un punto todavía más delicado.

Baracco afirmó que la documentación presentada para incluirla contendría una firma atribuida a ella que desconoce como propia. Por ese motivo pidió acceder a la documentación utilizada para inscribirla, especialmente al instrumento de aceptación, y reclamó que se verifique la autenticidad de esa firma.

También dejó planteado que, si se comprobara la utilización de una firma apócrifa o de documentación sin autorización, se adopten las medidas correspondientes y se dé intervención a las autoridades competentes. Además, se reservó el derecho de avanzar por las vías administrativas, partidarias y judiciales.

La presunta falsificación deberá ser determinada por las autoridades. Hasta entonces, el dato concreto es otro y suficientemente grave: una afiliada incluida en la lista de José Riccardo asegura que nunca aceptó esa candidatura y desconoce la firma que se le atribuye.

El problema no terminó ahí.

Capturas de WhatsApp del grupo “Identidad Radical” muestran una situación similar con Julio César Mosquera, cuyo nombre aparece dentro de una nómina de miembros titulares.

Mosquera pidió ser reemplazado y escribió: “No se me consultó si quería o podía participar”.

La respuesta de otra integrante del grupo fue llamativa: “Julio no renuncies ahora! Espera que se proclamen las listas! Por favor!!!”

Mosquera volvió entonces sobre el punto central del conflicto.

“El problema es que yo no firmé el acuerdo de integrar la lista. Y saben que yo no la firmé, desde el 28 de marzo estoy en CABA”, respondió.

El intercambio vuelve a poner en discusión la forma en que se confeccionaron las nóminas de Identidad Radical.

No porque el mensaje permita demostrar por sí mismo la existencia de un delito, sino porque otro nombre incluido en el armado de José Riccardo sostiene abiertamente que no había firmado su incorporación.

Las denuncias recibidas por este medio también hacen referencia a reclamos en Junín, Ayacucho y Coronel Pringles por situaciones similares vinculadas con firmas presuntamente apócrifas y personas que desconocerían su participación en las listas. Esos casos, sin embargo, deberán ser acreditados individualmente.

La crisis aparece justo cuando José Riccardo busca quedarse con el control del radicalismo puntano.

Y esa interna tiene una traducción que excede las paredes de la UCR.

Según la información política aportada a este medio, José Riccardo hoy se mueve dentro de un esquema cercano al espacio que conduce Alberto Rodríguez Saá en San Luis. La intención de fondo sería tomar el control partidario y poner a la UCR en una posición favorable a una eventual candidatura de Alberto Rodríguez Saá a gobernador.

El objetivo es conocido: Alberto Rodríguez Saá pretende regresar a Terrazas del Portezuelo.

En ese tablero, controlar la UCR no sería solamente administrar un comité, distribuir cargos o definir autoridades partidarias. Significaría manejar una estructura política que podría tener peso en el armado electoral con el que Alberto Rodríguez Saá intentaría recuperar el Gobierno provincial.

Y allí aparece el costo político de estas denuncias para José Riccardo.

Mientras busca conducir el radicalismo y reposicionarlo dentro de la pelea provincial, su propia lista quedó alcanzada por cuestionamientos sobre algo mucho más elemental: si todos los nombres que fueron presentados como candidatos habían aceptado realmente serlo.

En el expediente partidario, ahora tendrá que hablar la documentación.

La Junta Electoral deberá determinar qué papeles fueron presentados, qué firmas acompañaron las candidaturas y si las personas involucradas efectivamente prestaron su consentimiento.

Pero el problema para José Riccardo ya está planteado.

Porque quiere quedarse con la UCR para jugar una partida política mucho más grande de cara al regreso de Alberto Rodríguez Saá, y antes de llegar a esa discusión deberá explicar cómo terminaron en su lista personas que aseguran no haber firmado para estar allí.