Justicia
La Justicia intimó a Cristina Kirchner y advirtió que puede revocar la domiciliaria
La Justicia intimó formalmente a Cristina Kirchner a cumplir estrictamente con las condiciones de su prisión domiciliaria y advirtió que podría revocar el beneficio si se reiteran conductas que alteren el orden público.
La decisión fue adoptada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien puso la lupa sobre los episodios ocurridos frente al domicilio de la ex presidenta, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La resolución se produjo luego de las manifestaciones realizadas el pasado domingo en la puerta del edificio, donde militantes y simpatizantes participaron de un banderazo que incluyó cortes de calles, aglomeración de personas e instalación de elementos en la vía pública.
Según el planteo judicial, la ex mandataria habría tenido una participación activa en la convocatoria al colocar una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y un edificio ubicado enfrente.
El magistrado consideró que ese tipo de situaciones afecta la convivencia con los vecinos y altera la vida cotidiana del barrio, especialmente por la reiteración de manifestaciones en las inmediaciones del inmueble.
La Justicia también remarcó que las intervenciones sobre la vía pública requieren autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, en caso de no contar con esos permisos, podrían ser encuadradas como una contravención.
En ese marco, Giménez Uriburu intimó a la titular del PJ a ajustarse de manera estricta a las reglas impuestas para sostener la modalidad de detención domiciliaria.
La advertencia judicial se apoya en el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que habilita al magistrado a dejar sin efecto la prisión domiciliaria ante incumplimientos injustificados.
De producirse nuevas infracciones, la Justicia podría ordenar que Cristina Kirchner continúe cumpliendo la condena en un establecimiento penitenciario.
La resolución suma un nuevo capítulo judicial y político en torno a la situación de la ex presidenta, mientras sus seguidores mantienen convocatorias frente a su domicilio y el tribunal exige que se preserve el orden público.