Anabela Lucero pide salir de prisión y la Justicia avanza sobre Joaquín Beltrán

La causa por el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix entra en una semana clave. Mientras Anabela Lucero prepara un pedido para recuperar la libertad después de permanecer detenida desde el 24 de agosto, la Cámara de Diputados avanza con el desafuero de Joaquín Beltrán, otro de los principales acusados en la investigación.

Lucero se encuentra alojada en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que la Fiscalía ampliara la acusación en su contra. Está imputada por administración fraudulenta, asociación ilícita y delitos vinculados con el ocultamiento y la destrucción de elementos que debían servir como prueba.

Su abogado, Esteban Bustos, solicitó una audiencia ante el juez de Garantía Nº4, Santiago Ortiz, para pedir la excarcelación de la exlegisladora.

La defensa rechaza la interpretación que realizó el Ministerio Público Fiscal sobre lo ocurrido durante la anterior administración del Molino Fénix.

“Nos encontramos ante una causa compleja, bajo ningún punto de vista con la comisión de delitos penales”, sostuvo Bustos ante la prensa. Para el abogado, en la investigación “se han confundido y mezclado la cuestión administrativa con una causa penal”.

La posición de la Fiscalía es completamente distinta.

Los investigadores sostienen que Lucero tenía poder de decisión sobre el manejo de los fondos públicos del complejo y la ubican en la conducción de una estructura que habría utilizado recursos estatales para beneficio particular, de terceros y para actividades políticas vinculadas con la campaña electoral de 2023.

La prisión preventiva dispuesta inicialmente contra la exdiputada fue por dos meses. También permanecen detenidos su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado Ezequiel Scarel, ambos exfuncionarios y colaboradores durante aquella gestión.

El desafuero de Joaquín Beltrán

La otra definición se juega en la Cámara de Diputados.

Joaquín Beltrán está alcanzado por la misma investigación, pero su condición de legislador obliga a resolver previamente la cuestión de sus fueros antes de que pueda quedar plenamente a disposición del magistrado para una eventual medida de coerción.

La Comisión de Legislación General emitió despacho por mayoría para avanzar con el desafuero. El asunto quedó así encaminado para su tratamiento en el recinto.

Beltrán y Lucero son señalados por la Fiscalía como presuntos jefes de la organización investigada. La acusación sostiene que actuaron junto con otros involucrados y que existía una distribución de tareas para disponer de fondos, bienes y recursos que pertenecían al Estado.

El expediente también tiene una fuerte derivación política.

Según la hipótesis fiscal, parte del dinero investigado habría sido utilizado para financiar actividades de la campaña del PJ albertista en 2023, cuando el oficialismo provincial impulsaba a Jorge “Gato” Fernández para suceder a Alberto Rodríguez Saá en la Gobernación y Lucero competía por la Intendencia de Villa Mercedes a través de un sublema.

Ese es uno de los puntos sobre los que avanza la investigación: determinar qué ocurrió con los recursos administrados por el Molino Fénix y cuál fue el destino final del dinero que la Fiscalía considera desviado.

Un perjuicio que ya supera los $900 millones

El fiscal José Olguín sostiene que durante la administración investigada hubo incumplimientos de las normas contables y auditorías deficientes o incompletas.

El perjuicio calculado hasta el momento supera los $900 millones, aunque la cifra todavía no es definitiva porque restan pericias.

Dentro de las maniobras investigadas aparecen siete empresas consideradas fantasmas y cinco personas individuales que, de acuerdo con la acusación, habrían funcionado como intermediarios para sacar dinero del circuito estatal.

La causa comenzó además a extenderse hacia quienes habrían participado de esas operaciones. La Justicia avanzó sobre algunos empresarios y dispuso allanamientos en establecimientos vinculados con la investigación.

El fiscal ya había anticipado que existían terceras personas bajo análisis como posibles partícipes de la defraudación.

Documentación quemada y computadoras borradas

Uno de los capítulos más graves del expediente se abrió por lo ocurrido cuando estaba terminando la anterior gestión.

La Fiscalía sostiene que los acusados comenzaron a destruir elementos que podían resultar útiles para reconstruir el manejo de los fondos.

Entre las pruebas incorporadas a la investigación figura documentación que habría sido quemada en un horno de barro ubicado dentro del Molino Fénix. Otros papeles fueron encontrados en el basural del Kilómetro 4.

También se detectaron computadoras cuyas memorias habían sido borradas, equipos que directamente habrían desaparecido y la eliminación de grabaciones correspondientes a las cámaras de seguridad.

A eso se agregó otro elemento: los investigadores determinaron que información contenida en teléfonos celulares secuestrados fue eliminada de manera remota.

Por esos hechos se incorporó a la acusación la figura de destrucción de objetos destinados a servir como prueba, atribuida en calidad de coautores y en concurso real.

El vaciamiento de la Casa de la Música

La investigación no se concentra únicamente en movimientos de dinero.

Según las pruebas reunidas por la Fiscalía, cinco de los imputados habrían retirado mobiliario, equipamiento tecnológico y documentación, dejando prácticamente vaciadas dependencias de la Casa de la Música.

Una parte de esos elementos, siempre según la investigación, habría sido trasladada a una sede partidaria vinculada con Lucero.

La Fiscalía interpreta esos movimientos como parte de un accionar coordinado. Su hipótesis sostiene que los acusados actuaban conjuntamente, con tareas distribuidas y decisiones tomadas de manera organizada.

Ese comportamiento forma parte de los elementos utilizados para sostener la acusación por asociación ilícita.

Por qué la Fiscalía quiere que sigan detenidos

El Ministerio Público Fiscal también puso el foco en los riesgos procesales.

Uno de los argumentos utilizados para justificar la prisión preventiva fue la conducta que, según los fiscales, mantuvieron algunos acusados frente a las citaciones judiciales. La Policía debió buscarlos durante varios días para notificarlos de una audiencia de formulación de cargos que finalmente tuvo que ser postergada porque no concurrieron a Tribunales.

Olguín agregó otro factor: la posición social y política de algunos de los investigados y la posibilidad de que puedan ejercer presión sobre personas que todavía deben declarar o que aparecen bajo investigación.

“Muchos de ellos tienen una posición importante en la sociedad”, señaló el fiscal al explicar que todavía se trabaja sobre posibles partícipes de la defraudación.

Para la acusación, mantener a los principales imputados alejados de esas personas resulta necesario para impedir acuerdos, presiones o la desaparición de nuevas pruebas.

La Fiscalía pretende por eso insistir con la prisión preventiva y solicitar un plazo de cuatro meses.

La defensa de Lucero buscará exactamente lo contrario y pedirá que la exdiputada pueda continuar el proceso en libertad.

La resolución sobre ese planteo y la definición política sobre los fueros de Beltrán pueden modificar en pocos días el escenario de una causa que comenzó investigando el manejo de fondos del Molino Fénix y terminó abriendo una trama mucho mayor: dinero público presuntamente desviado, empresas bajo sospecha, bienes estatales desaparecidos, pruebas destruidas y la posible utilización de recursos del Estado para financiar la campaña con la que el albertismo intentó conservar el poder en 2023.