La pelea llegó a los papeles
El diario de los Rodríguez Saá quiso marcarle la cancha a El Diario de San Luis y se chocó con el INPI
El Diario de la República decidió avanzar contra El Diario de San Luis, su identidad y su propietario.
Lo hizo con afirmaciones concretas. Escribió que este medio “se hace llamar” El Diario de San Luis, sostuvo que utiliza una gráfica que provocaría confusión entre los lectores, habló de una supuesta “maniobra” y aseguró que existieron “innumerables notificaciones” para que cambiara su nombre y su imagen.
Pero no se quedó ahí. También decidió personalizar el ataque y presentó a Santiago Altamirano, propietario de este medio, a partir de una caracterización política sobre su supuesta cercanía con funcionarios del actual Gobierno provincial.
La publicación mezcló así tres cuestiones diferentes —la identidad del medio, supuestas intimaciones y una valoración política sobre su propietario— y las presentó como partes de una misma historia.
Hay un problema.
Cuando se buscan los documentos, esa historia empieza a tener agujeros.
No “se hace llamar”
El Diario de la República eligió una expresión particular para referirse a este medio: “se hace llamar El Diario de San Luis”.
No es un detalle.
La frase intenta presentar el nombre como una denominación improvisada o carente de legitimidad.
Los documentos dicen otra cosa.
El Diario de San Luis es una marca registrada.
La denominación EL DIARIO DE SAN LUIS cuenta con un registro concedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para servicios vinculados, entre otros, con portales, sitios web y agencias de noticias.
La marca fue concedida bajo el número 3.310.116. Y cuando se consulta el apartado correspondiente a las oposiciones dentro del expediente, el resultado es categórico:
“No se encontraron registros”.
[DOCUMENTO: REGISTRO INPI – MARCA DENOMINATIVA N.º 3.310.116]
Hay además un segundo registro.
El Diario de San Luis posee una marca mixta, que comprende la denominación junto con su representación gráfica. Fue concedida por el INPI bajo el número 3.361.189.
En ese expediente, al consultar las oposiciones, aparece exactamente la misma respuesta:
“No se encontraron registros”.
[DOCUMENTO: REGISTRO INPI – MARCA MIXTA N.º 3.361.189]
Es decir, el medio cuyo nombre y gráfica fueron puestos bajo sospecha por El Diario de la República tiene dos marcas concedidas por el organismo nacional competente y ninguno de los expedientes que hoy se publican registra oposiciones.
No es una interpretación de esta redacción.
Está en los papeles.
Las “innumerables notificaciones”
El otro punto es todavía más sencillo.
El Diario de la República aseguró que este medio recibió “innumerables notificaciones” para cambiar su nombre y su imagen.
El Diario de San Luis lo niega terminantemente.
Nunca recibió una carta documento o intimación fehaciente de El Diario de la República exigiéndole abandonar su nombre o modificar su identidad.
Una oposición presentada dentro de un expediente del INPI y una eventual intimación extrajudicial son cosas diferentes. Por eso los documentos marcarios no se utilizan aquí para afirmar que una comunicación privada no pudo haber existido.
La cuestión es mucho más simple.
El Diario de la República afirmó públicamente que esas notificaciones existieron.
El supuesto destinatario afirma que nunca las recibió.
Por lo tanto, quien hizo la afirmación puede resolver la controversia con facilidad.
Que muestre una.
No hacen falta las “innumerables”.
Una carta documento. Una intimación fehaciente. Una constancia que permita comprobar que fue enviada y recibida.
Si fueron tantas como publicó El Diario de la República, encontrar una debería ser bastante sencillo.
Un medio que no nació ayer
Hay otro dato que la publicación dejó afuera y que resulta fundamental para entender esta historia.
El Diario de San Luis no apareció con el actual Gobierno provincial.
El dominio eldiariodesanluis.com está registrado desde mayo de 2016.
Más de diez años.
El dato no es menor porque desmonta cualquier intento de explicar la existencia de este medio a partir de la coyuntura política actual.
El Diario de San Luis atravesó distintos gobiernos, elecciones y escenarios políticos. Construyó durante ese tiempo su nombre, su audiencia y su estructura empresarial.
Cuando cambió el Gobierno provincial, este medio no apareció.
Ya llevaba años existiendo.
La política que El Diario de la República decidió meter en la nota
La publicación avanzó también sobre Santiago Altamirano y lo definió como un empresario “muy allegado” a funcionarios del actual Gobierno provincial.
La frase tiene una evidente carga política.
Pero no explica en qué consiste concretamente esa supuesta condición, qué elemento permite sostenerla ni, mucho menos, qué relación tendría con la independencia editorial de El Diario de San Luis.
Simplemente la afirma.
Y eso importa porque una cosa es informar sobre una relación concreta y comprobable y otra diferente es utilizar una caracterización política para poner bajo sospecha al propietario de otro medio.
Altamirano desarrolla actividad empresarial en medios desde mucho antes de la actual administración provincial.
El Diario de San Luis, como quedó dicho, existe desde 2016.
Por eso, pretender explicar la trayectoria de un empresario o la identidad de un medio de más de una década mediante una etiqueta vinculada al gobierno de turno es, como mínimo, una simplificación interesada.
Pero además hay una particularidad.
El diario que decidió introducir las relaciones entre empresarios periodísticos y poder político como elemento de sospecha tiene bastante historia propia para revisar en esa materia.
Una vara incómoda para quien decidió usarla
El Diario de la República es propiedad de Payné S.A., según consigna actualmente el propio medio.
Y la vinculación histórica de ese diario y de su estructura empresaria con la familia Rodríguez Saá forma parte de la historia política y mediática de San Luis.
No se trata de una relación inventada ahora como respuesta a una publicación incómoda. Es una historia de décadas y ha sido abordada incluso por trabajos académicos y periodísticos sobre medios y poder en la provincia.
De allí surge una contradicción difícil de ignorar.
El Diario de la República decidió utilizar una supuesta cercanía política del propietario de otro medio como elemento para poner bajo sospecha su independencia.
Si ese será el parámetro, es perfectamente válido discutirlo.
Pero la vara tendrá que ser la misma para todos.
También para El Diario de la República.
Porque las relaciones entre medios, empresarios y poder político no comenzaron con el actual Gobierno de San Luis.
Mucho menos en una provincia cuya historia reciente ofrece décadas de material sobre esa relación.
El debate puede darse.
Lo que no resulta demasiado serio es elegir cuidadosamente dónde empieza el archivo.
Dos diarios y dos historias
El Diario de San Luis no es El Diario de la República.
No comparte propietarios, dirección, redacción ni estructura empresarial con ese medio. Tampoco pertenece ni tiene relación societaria con Payné S.A.
Son dos proyectos periodísticos diferentes.
El Diario de la República tiene su historia.
El Diario de San Luis tiene la suya.
La de este medio se remonta a 2016 y cuenta hoy con una estructura empresarial propia, una audiencia construida durante más de una década y dos marcas concedidas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Por eso esta discusión no necesita demasiados adjetivos.
El Diario de la República cuestionó el nombre y la identidad de otro medio y aseguró que había enviado “innumerables notificaciones”.
El Diario de San Luis publica junto con esta nota los documentos oficiales de sus marcas.
Sobre las supuestas intimaciones, mantiene una posición igualmente clara: nunca fueron recibidas.
Ahora la respuesta está del otro lado.
Si existen, que las muestren.
Con una alcanza.
Y si no pueden acreditar lo que publicaron, corresponde que rectifiquen.
Porque después de los cruces, las chicanas y las caracterizaciones políticas queda algo bastante más difícil de discutir:
los papeles.