Casación confirmó el archivo de la causa contra Macri por el préstamo del FMI

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa que investigaba el préstamo de US$57.100 millones acordado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, después de que el fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, desistiera de mantener la impugnación contra el cierre del expediente.

La investigación alcanzaba al expresidente Mauricio Macri y a varios integrantes de su equipo económico de entonces, entre ellos Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.

También habían sido investigados integrantes del Comité de Política Monetaria del Banco Central.

Cinco años de investigación

La causa buscó determinar si durante la negociación, contratación y utilización del acuerdo stand-by firmado con el FMI en 2018 se habían cometido delitos contra la administración pública.

Entre las figuras analizadas estuvieron la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la malversación de caudales públicos, el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público.

El expediente también examinó cuestionamientos vinculados con los procedimientos administrativos utilizados para contratar el financiamiento y el posterior destino de las divisas.

Durante más de cinco años se incorporaron informes de organismos de control, documentación oficial, expedientes administrativos y datos relacionados con la formación de activos externos y el recorrido de los fondos provenientes del crédito.

Por qué se archivó la causa

En febrero, la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente al considerar que las pruebas reunidas no permitían sostener la existencia de los delitos investigados.

Esa decisión fue confirmada posteriormente por la Sala I de la Cámara Federal, integrada para el caso por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

La fiscalía intentó llevar la discusión hasta Casación. El fiscal José Luis Agüero Iturbe cuestionó el cierre y planteó que todavía debían realizarse medidas destinadas a reconstruir la trazabilidad de los desembolsos e identificar el recorrido de las divisas.

Sin embargo, cuando la presentación llegó a la máxima instancia penal federal, el fiscal Raúl Pleé decidió no sostener ese recurso.

El fiscal sostuvo que no se acreditó una hipótesis delictiva

En su dictamen, Pleé consideró que después de la extensa investigación “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta”.

Para el fiscal, lo que permanecía en discusión era fundamentalmente un cuestionamiento sobre las decisiones económicas adoptadas por aquel gobierno y no la existencia de conductas que pudieran ser encuadradas en un delito.

También señaló que no se había identificado una infracción penal concreta vinculada con la utilización de los fondos y consideró suficientemente fundamentadas las decisiones judiciales que habían dispuesto el archivo.

Sin impulso del Ministerio Público Fiscal, Casación confirmó el cierre.

El tribunal también rechazó la presentación realizada por Antonio Conrado De Martino, quien había intentado intervenir como ciudadano y contribuyente pero no estaba constituido formalmente como querellante dentro del expediente.

El crédito que marcó la economía de 2018

El acuerdo con el FMI fue firmado en medio de la crisis cambiaria de 2018.

Inicialmente contempló un financiamiento de US$50.000 millones, aunque luego fue ampliado hasta los US$57.100 millones.

La investigación judicial había intentado establecer, entre otros aspectos, si existieron irregularidades en el procedimiento utilizado para tomar el crédito y si los desembolsos contribuyeron a financiar una salida de divisas que pudiera haber provocado un perjuicio penalmente relevante para el Estado.

La Justicia concluyó que los elementos reunidos no permitieron demostrar esa hipótesis delictiva.

Con la decisión de la Sala IV de Casación y el desistimiento del fiscal encargado de intervenir ante esa instancia, queda confirmado el archivo de una investigación que durante más de cinco años puso bajo análisis judicial uno de los acuerdos financieros más relevantes y controvertidos de la historia económica reciente de la Argentina.