Inversiones
El Senado aprobó el RIPEE para promover inversiones y empleo en San Luis
El Senado provincial aprobó por mayoría el proyecto que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y el Empleo, una iniciativa del Gobierno de Claudio Poggi destinada a atraer inversiones privadas y favorecer la creación de puestos de trabajo en San Luis.
La propuesta recibió el acompañamiento del bloque oficialista Ahora San Luis y el rechazo del Frente Justicialista. Con la media sanción obtenida, ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El presidente del bloque oficialista, Martín Olivero, fue el encargado de fundamentar el proyecto durante la sesión. Sostuvo que la iniciativa busca dar respuesta a la caída de la actividad económica y a las dificultades laborales que atraviesa la provincia.
El legislador remarcó que el objetivo es generar condiciones para que el sector privado amplíe sus inversiones y cree empleo formal. El régimen alcanzará actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, comerciales, turísticas, tecnológicas, logísticas, energéticas, culturales, de servicios y de la construcción.
Los cuatro ejes del RIPEE
La iniciativa se estructura sobre cuatro herramientas principales: beneficios tributarios, subsidios para incorporar trabajadores, utilización de inmuebles fiscales y mecanismos de financiamiento.
Uno de los puntos centrales es el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones, que permitirá acceder a exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor.
La escala prevista establece una exención del 100% durante los primeros cinco años, del 75% entre el sexto y el décimo año, y del 50% entre los años 11 y 15.
En el caso de Ingresos Brutos, el beneficio se aplicará solamente sobre la actividad generada por la nueva inversión. Para los impuestos Inmobiliario y Automotor, alcanzará exclusivamente a los bienes vinculados con el proyecto aprobado.
Los beneficiarios también quedarán exentos del Impuesto de Sellos y de las tasas administrativas relacionadas con los actos y trámites necesarios para concretar la inversión.
El proyecto incorpora además un Programa de Incentivos Fiscales. Para acceder, las empresas deberán realizar una inversión equivalente, como mínimo, al doble de los impuestos provinciales devengados durante los 12 meses anteriores.
A cambio, podrán obtener un crédito fiscal equivalente al 50% de los impuestos provinciales correspondientes al año siguiente. Ese crédito será intransferible y solo podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias.
La iniciativa contempla además una exención de Ingresos Brutos por un año, aunque cada contribuyente deberá optar por uno de los regímenes de promoción disponibles.
El capítulo tributario también prevé beneficios para la actividad industrial, mecanismos para convertir saldos a favor en créditos fiscales, un bloqueo fiscal por cinco años y planes para regularizar deudas provinciales.
En esos casos, los contribuyentes podrán cancelar sus obligaciones al contado con una reducción del 10% o acceder a planes de tres, 12, 24 o 36 cuotas.
Subsidios para generar empleo
Otro de los ejes contempla subsidios para las empresas que incorporen beneficiarios del Plan de Inclusión Social.
La Provincia cubrirá el 100% del salario durante el primer año, el 75% durante el tercer semestre y el 50% durante el cuarto semestre.
El objetivo es facilitar el ingreso al empleo formal y permitir que los beneficiarios puedan regresar al programa social en caso de que finalice la relación laboral.
Inmuebles fiscales y financiamiento
El RIPEE también autoriza al Ejecutivo provincial a destinar inmuebles fiscales ociosos a emprendimientos productivos.
Los predios podrán entregarse mediante concesión, alquiler, comodato, derecho de superficie o venta. Las adjudicaciones podrán realizarse a través de subastas, licitaciones, concursos de proyectos, iniciativas privadas o venta directa.
El cuarto eje habilita préstamos bonificados, subsidios a tasas de interés, acceso a líneas del Consejo Federal de Inversiones, fondos de garantía, capacitación y programas de reconversión empresarial.
La propuesta también promueve alianzas público-privadas, mesas sectoriales, compatibilidad con regímenes nacionales y medidas para simplificar trámites.
El debate continuará ahora en Diputados, donde el oficialismo buscará convertir el proyecto en ley y poner en marcha un esquema que tendrá impacto directo sobre la política productiva, tributaria y laboral de la provincia.
