Las fuerzas podrán intervenir ante amenazas graves en escuelas difundidas por redes

El Gobierno nacional modificó los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad frente a delitos informáticos que involucren a niñas, niños y adolescentes, especialmente ante amenazas de violencia difundidas por redes sociales.

La medida fue establecida mediante la Resolución 725/2026, que redefine los límites de la prevención policial en el espacio virtual y fija nuevas condiciones para intervenir cuando existan riesgos graves para menores o comunidades educativas.

La normativa establece como regla general que los efectivos no podrán tratar datos sensibles ni analizar publicaciones de menores de edad sin una orden judicial. La actuación deberá respetar lo establecido por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Cuando durante una tarea de prevención cibernética surja la certeza o la sospecha de que está involucrado un menor, el personal deberá suspender la actividad, dejar constancia en el registro correspondiente y comunicar la situación a la autoridad responsable.

Sin embargo, el nuevo protocolo incorpora excepciones para los casos en los que la interrupción del monitoreo pueda impedir una intervención urgente.

Las fuerzas podrán continuar con la tarea si detectan un riesgo para la vida del menor, señales de abandono, fuga o sustracción del entorno familiar, o comportamientos autolesivos o suicidas.

La intervención también estará habilitada cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se encuentre en curso dentro del espacio digital y sea necesario mantener el seguimiento para prevenirlo o esclarecerlo.

Otra de las excepciones contempla la existencia de indicios fundados sobre un peligro para otros menores. Este supuesto incluye amenazas, planificación o preparación de ataques masivos contra escuelas, espacios públicos u otros ámbitos concurridos por la comunidad educativa.

La continuidad de la vigilancia podrá aplicarse tanto cuando el menor aparezca como posible víctima como cuando existan elementos que permitan considerarlo presunto autor de una amenaza.

En cada una de estas situaciones, los agentes deberán justificar de manera detallada por qué decidieron continuar con la actuación y comunicarlo inmediatamente a la autoridad que tenga a su cargo la investigación.

La modificación surge en medio de un aumento de amenazas contra establecimientos educativos difundidas mediante plataformas digitales. Según las autoridades, el protocolo anterior no ofrecía herramientas suficientes para responder con rapidez ante episodios de extrema gravedad.

La medida forma parte del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, que contempla la actualización permanente de los mecanismos utilizados para detectar e investigar delitos en internet.

También se vincula con el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen, creado para ampliar las capacidades técnicas del Estado y mejorar la respuesta frente a incidentes digitales.

Con el nuevo esquema, el Gobierno busca acelerar la intervención policial ante amenazas concretas sin eliminar las garantías legales que protegen la privacidad y los derechos de los menores de edad.