Educación
El Gobierno y las universidades acordaron una suba salarial y más fondos
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar fondos de funcionamiento para las universidades públicas.
El entendimiento llega después de dos años de negociaciones, reclamos presupuestarios y medidas de fuerza del sector universitario. La firma del acta busca descomprimir un conflicto que se había intensificado en las últimas semanas.
Según informaron fuentes oficiales y universitarias, el acuerdo contempla una recomposición salarial escalonada del 24,33% en dos tramos. El primer aumento será del 21,33% en julio y el segundo, del 3%, en octubre.
La recomposición incluye 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto destinado a compensar parte de la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.
Además, el Gobierno asumió el compromiso de evitar que los salarios universitarios vuelvan a quedar por debajo de la inflación durante 2026.
El acta también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una línea orientada a promover el ingreso, la permanencia y la finalización de carreras en áreas consideradas claves para el desarrollo del país.
A pedido de la Universidad de Buenos Aires, se incorporó además una partida de $50 mil millones para hospitales universitarios.
La negociación también abordó la situación del personal docente de establecimientos preuniversitarios, donde el deterioro salarial fue mayor tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Pese al avance del acuerdo económico, las universidades aclararon que no retirarán la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa norma fue aprobada y ratificada por el Congreso, pero continúa sin ser implementada. Por eso, los rectores sostienen que el entendimiento firmado no reemplaza el reclamo judicial ni agota la discusión sobre el financiamiento estructural del sistema universitario.
Con este acuerdo, el Gobierno y las universidades abren una etapa de tregua institucional, aunque el conflicto de fondo seguirá bajo análisis judicial y político en los próximos meses.
