Imputaron a un ex psiquiatra judicial y una exempleada por certificados presuntamente falsos

La investigación por los certificados médicos que permitieron justificar casi 3.000 días de ausencia de empleados públicos de San Luis dio un paso clave. La Justicia formuló cargos contra el ex psiquiatra del Poder Judicial Franco Mastronardi y contra la exempleada estatal Noelia Fernández, en el primer avance concreto de una causa iniciada hace casi 17 meses.

La jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulada la imputación solicitada por la fiscal adjunta Antonella Romagnoli. A Mastronardi le atribuyó los delitos de falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.

Fernández, en tanto, quedó imputada como presunta coautora del último de esos delitos. Ambos se abstuvieron de declarar durante la audiencia.

La causa tiene, sin embargo, un alcance considerablemente mayor. La Fiscalía investiga 97 certificados médicos emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a 31 agentes públicos, mediante los cuales se habrían justificado 2.989 días de inasistencia.

Según la acusación, entre la documentación aparecen diagnósticos psiquiátricos idénticos o similares y licencias que fueron consideradas llamativamente extensas. Pero la jueza dejó expresamente aclarado que la imputación resuelta esta semana no significa que la totalidad de esos certificados haya sido declarada falsa.

En esta primera instancia, el análisis judicial se concentró particularmente en la situación de Fernández.

Una licencia de 30 días y un viaje a España

El episodio que permitió a la Fiscalía avanzar con las imputaciones comenzó el 23 de agosto de 2024, cuando Mastronardi extendió a Fernández un certificado por 30 días de licencia.

La mujer trabajaba entonces como operadora de monitoreo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Dos días más tarde, el 25 de agosto, salió del país desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a España.

El 29 de agosto, según la acusación, Mastronardi emitió una nueva certificación en la que consignó que Fernández presentaba un cuadro neurótico con trastorno de pánico y agorafobia. También pidió que una eventual Junta Médica pudiera realizarse de manera virtual.

Inicialmente, el sistema provincial de control de ausentismo aceptó una evaluación bajo esa modalidad. Sin embargo, la situación cambió cuando compañeros de trabajo habrían advertido, a través de publicaciones en redes sociales, que la mujer se encontraba en España.

Fernández fue convocada entonces a una Junta Médica presencial. Volvió a solicitar que el trámite se realizara de manera virtual, pero el pedido fue rechazado y no se presentó.

El certificado terminó siendo declarado inválido y la agente fue intimada a regresar a su puesto. Su relación laboral con el Estado concluyó en septiembre de 2024.

Una denuncia que comenzó en abril de 2025

La causa se inició formalmente el 8 de abril de 2025, luego de una denuncia de Fiscalía de Estado basada en controles internos realizados sobre las licencias del personal provincial.

El análisis detectó decenas de certificados atribuidos a Mastronardi, quien desde 2012 se desempeñaba en el Departamento de Ciencias Médicas de la Oficina del Cuerpo Profesional Forense de la Primera Circunscripción Judicial.

La investigación también puso bajo análisis si el médico desarrollaba actividad profesional privada pese al régimen de incompatibilidades que regía para su cargo dentro del Poder Judicial.

El 25 de junio de 2025, el Superior Tribunal de Justicia dispuso su cesantía. La medida se produjo en el marco de un sumario administrativo que ya se encontraba en trámite.

Las defensas rechazaron las acusaciones

Fernández participó de la audiencia de manera remota desde España, donde actualmente reside.

Su abogado, Adriel Cabello, cuestionó la acusación al señalar que las ausencias cuestionadas fueron descontadas de la liquidación final de la exempleada. Con ese argumento sostuvo que no habría existido un perjuicio económico consumado para el Estado.

La defensa de Mastronardi, encabezada por Gabriel Varela y Hugo Scarzo, también rechazó la imputación. Los abogados plantearon que una diferencia de criterio médico no puede ser considerada automáticamente una falsedad y remarcaron que deberá existir una pericia técnica que determine si los diagnósticos consignados eran verdaderos o falsos.

La jueza Dopazo Samper consideró que esas discusiones deberán resolverse durante la investigación y con la producción de prueba específica. Entre las medidas pendientes aparecen pericias caligráficas y de firmas, entrevistas con profesionales que integraron Juntas Médicas y nuevos informes.

Cuatro meses para avanzar con la investigación

La magistrada estableció medidas de coerción durante cuatro meses.

Fernández deberá comunicarse por correo electrónico con la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes para mantenerse a derecho. Mastronardi, por su parte, tendrá que firmar periódicamente el libro de imputados.

La jueza rechazó una caución económica para ambos y tampoco hizo lugar al pedido de prohibir que Mastronardi salga de la provincia, al considerar que actualmente no existen elementos que justifiquen restricciones mayores.

La causa entra ahora en una etapa decisiva. Las imputaciones alcanzan por el momento al caso de Fernández, pero la Fiscalía mantiene bajo análisis los 97 certificados emitidos a 31 empleados públicos y los casi 3.000 días de licencia que dieron origen al expediente.

Será el avance de las pericias el que determine si las sospechas iniciales pueden extenderse a otros certificados y otros agentes o si las irregularidades quedan circunscriptas a los hechos que ya llegaron ante la jueza.