Bukele promulgó la ley que habilita la cadena perpetua para menores desde los 12 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó la ley que habilita la aplicación de cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años, en el marco de una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada recientemente en el Diario Oficial. La modificación comenzará a regir el 26 de abril y representa uno de los cambios más severos del sistema penal juvenil salvadoreño.

La nueva normativa establece que la prisión perpetua podrá imponerse en casos de delitos considerados de máxima gravedad, entre ellos homicidio, feminicidio y violación. La decisión fue presentada por el oficialismo como parte de una política de endurecimiento penal vinculada a la estrategia de seguridad que el Gobierno mantiene desde hace más de dos años.

Las reformas constitucionales también derivaron en cambios sobre otras normas clave, como el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Además, se introdujeron modificaciones en la Ley Orgánica Judicial para adecuar la estructura de tribunales que deberán intervenir en estos casos.

Entre los cambios institucionales más relevantes figura la conversión de juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que tendrán a su cargo el análisis de expedientes en los que pueda corresponder la pena de prisión perpetua. La reforma también contempla la creación de un mecanismo de revisión para las condenas de este tipo, aunque todavía persisten interrogantes sobre su alcance y aplicación concreta.

La medida generó una inmediata reacción de organismos internacionales de derechos humanos. El Comité de los Derechos del Niño y Unicef expresaron su profunda preocupación y recordaron que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento que priorice su rehabilitación y reintegración social, con la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible.

En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades salvadoreñas revisar con prontitud las reformas aprobadas. Según ese organismo, los cambios resultan preocupantes porque se apartan de normas internacionales en materia de protección integral de la niñez y adolescencia.

Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no respondió a esos cuestionamientos ni a pedidos de comentarios formulados por medios internacionales. No obstante, en otras oportunidades la administración de Bukele cuestionó a los organismos multilaterales y sostuvo que muchas de sus objeciones terminan favoreciendo a delincuentes antes que a la población honesta.

La reforma se inscribe en un contexto marcado por el régimen de excepción que rige en El Salvador desde 2022. Esa medida implicó la suspensión de garantías constitucionales y habilitó detenciones masivas en el marco de la ofensiva estatal contra las pandillas. Según cifras oficiales, más de 90 mil personas fueron arrestadas en los últimos años, aunque el propio Gobierno señaló que alrededor del 10% recuperó la libertad.

Ese esquema de seguridad recibió fuertes cuestionamientos por presuntas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, acusaciones que el Ejecutivo rechaza. Al mismo tiempo, la gestión de Bukele exhibe como principal logro una drástica reducción de los homicidios, uno de los indicadores que explican su alta aprobación pública y su contundente triunfo electoral en febrero de 2024.

La incorporación de la cadena perpetua para menores desde los 12 años profundiza ahora el debate sobre los límites del modelo salvadoreño. Mientras el Gobierno apuesta a sostener una política de mano dura, organismos internacionales advierten que el costo institucional y humanitario de ese camino puede ser cada vez más alto.