Denuncian venta de alimentos del PANE y fondos sin rendir en una escuela especial

Otra institución educativa quedó bajo cuestionamientos en San Luis. La comunidad educativa del Centro N° 21 Puertas de Cuyo, orientado a educación especial, denunció una serie de presuntas irregularidades que, aseguran, afectan el funcionamiento pedagógico y administrativo del establecimiento. Lo hicieron mediante una carta abierta dirigida al ministro de Educación, Guillermo Araujo.

Entre los puntos más sensibles, los docentes advirtieron una posible malversación de recursos y fondos públicos y denunciaron “la comercialización ilegal de insumos alimentarios pertenecientes al Programa de Asistencia Nutricional Escolar (PANE)”. En el escrito sostienen que se trataría de una situación que vulnera el derecho a la alimentación de estudiantes con discapacidad.

El Centro 21 ya había sido mencionado durante septiembre de 2024, cuando se denunciaron viandas en mal estado. En aquel momento, docentes reportaron olores desagradables y alimentos con moho, lo que generó preocupación por la calidad de la comida escolar y por la falta de equipamiento para que los alumnos pudieran llevar su propia alimentación, en un contexto de reclamos similares en otras escuelas.

Otro de los ejes de la presentación es la falta de rendición de fondos provenientes de una rifa institucional. Según el escrito, el dinero estaba destinado a una salida de fin de año, pero “no se realizó la rendición de cuentas” y se habría justificado su uso con el argumento de la reparación de un parlante que, afirman, “no se concretó”.

Además, plantearon la “desaparición y manipulación arbitraria” de mobiliario y de patrimonio histórico del establecimiento, incluyendo libros y materiales que reflejan la historia del Centro 21.

La carta también cuestiona el “ingreso de personal ajeno a la institución” y señala la presencia del esposo de la directora dentro de la escuela, realizando tareas y participando, según denuncian, de la vida institucional “sin vínculo contractual”.

En ese marco, los docentes sostienen que el establecimiento atraviesa “una gestión antidemocrática” y describen un esquema de conducción “verticalista, burocrático y autoritario”, con disposiciones que, aseguran, contradicen el Estatuto Docente. También aluden a un clima laboral deteriorado, con temor a sanciones y amenazas de anotaciones, lo que —afirman— impacta en la salud mental de los trabajadores.

En el pedido elevado al Ministerio, solicitaron una auditoría contable y administrativa, y reclamaron garantías para el personal ante eventuales medidas disciplinarias, en un contexto en el que aseguran temer represalias. El planteo abre ahora un capítulo que, de avanzar, podría derivar en inspecciones, sumarios y definiciones institucionales en los próximos días.