Padres de Alto Pencoso denunciaron maltratos y presuntas irregularidades en una escuela

La comunidad educativa de Alto Pencoso volvió a encender una señal de alerta por la situación interna de la Escuela N°10 “Juan Esteban Vacca”. A través de una extensa nota dirigida al ministro de Educación, Guillermo Araujo, y al jefe de Educación Rural, Pablo Fernández, 60 padres y tutores denunciaron una serie de hechos que atribuyen a la conducción del establecimiento y solicitaron una intervención urgente.

Según el escrito, los denunciantes apuntan contra la directora Silvana García y aseguran que en la escuela se instaló un clima de “pedagogía del miedo”, con episodios de maltrato verbal y trato discriminatorio hacia alumnos por su “origen rural”. En la presentación, sostienen que los niños habrían sido descalificados en el aula y expuestos públicamente, lo que —afirman— derivó en angustia, temor a asistir a clases y riesgo de deserción.

El reclamo también incorpora supuestas amenazas de castigo y conductas disciplinarias impropias, además de un presunto hostigamiento que, según los padres, alcanzaría incluso a las familias, que temen represalias. En el documento, remarcan que la situación no sería reciente y que el deterioro del vínculo entre conducción, estudiantes y comunidad se profundizó con el tiempo.

A los señalamientos pedagógicos se suman acusaciones vinculadas al manejo de recursos. Los padres describen problemas en la copa de leche, con raciones consideradas insuficientes o de mala calidad, y cuestionan que se impida la colaboración de las familias en tareas de cocina para asegurar condiciones adecuadas. También afirman que existirían materiales provistos por el Estado —como televisores, bicicletas y cajas de libros— que permanecerían guardados sin uso, y reclaman claridad sobre el destino de fondos recaudados mediante rifas y bingos escolares, sobre los que —según indican— no habría rendiciones conocidas.

El estado edilicio y las condiciones de seguridad aparecen como otro eje de preocupación. Los denunciantes señalan que durante un período de remodelación las clases se dictaron en el SUM municipal, con exposición al frío y consecuencias en la salud de los chicos. Además, mencionan el uso restringido de la calefacción y alertan sobre presuntos artefactos en mal estado, incluso con pérdidas, lo que —de confirmarse— implicaría un riesgo para toda la comunidad educativa.

Como consecuencia del conflicto, los firmantes aseguran que algunas familias optaron por trasladar a sus hijos a escuelas de otras localidades, ante la percepción de un ambiente hostil y la falta de respuestas institucionales. En el cierre del planteo, piden el apartamiento de la directora y la designación de un equipo directivo externo, con capacidad de recomponer el clima escolar y garantizar un funcionamiento transparente.

Por el momento, y siempre según la versión de los denunciantes, el reclamo formalizado en 2024 no habría recibido una devolución concreta. El caso, por su gravedad, abre un interrogante central para el sistema educativo: cómo se controlan las prácticas de conducción y el uso de recursos en escuelas del interior y qué respuesta se activa cuando una comunidad plantea, por vías formales, posibles vulneraciones dentro de un ámbito donde el cuidado de los chicos debería ser la prioridad.