La Justicia extendió por tres meses la prisión preventiva de Anabela Lucero por la causa del Molino Fénix

La Justicia de San Luis extendió por 90 días la prisión preventiva de la exdiputada provincial Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en el complejo cultural Molino Fénix de Villa Mercedes.

La decisión fue tomada por el juez Santiago Ortiz luego de una audiencia de aproximadamente tres horas, en la que el Ministerio Público Fiscal y la querella, en representación de Fiscalía de Estado, solicitaron una prórroga de cuatro meses. Finalmente, el magistrado dispuso un plazo de tres meses adicionales.

Al fundamentar su resolución, Ortiz señaló que este período deberá ser el último de la etapa de instrucción. El objetivo es que la Fiscalía concluya la investigación, formule la acusación formal y avance hacia la audiencia de control de acusación, instancia previa a una eventual elevación de la causa a juicio oral.

Los argumentos para mantener las detenciones

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que persisten y se incrementaron los riesgos procesales que justificaron las detenciones. Entre los elementos expuestos mencionaron presuntos incumplimientos de las normas penitenciarias por parte de Lucero y un episodio en el que, según lo planteado en el expediente, un abogado le habría facilitado un teléfono celular para realizar una llamada no autorizada.

La querella también cuestionó aspectos vinculados con la huelga de hambre que lleva adelante la exlegisladora y planteó la posible existencia de maniobras destinadas a inducir a error a la Justicia respecto de su estado de salud.

El fiscal José Olguín respaldó el pedido de prórroga en los avances registrados durante los últimos dos meses. En ese período, la investigación incorporó nuevas líneas de análisis y alcanzó a otros sospechosos, entre ellos el empresario Cristian Becher, cuya detención fue señalada por la Fiscalía como parte de los avances de la pesquisa.

En relación con la situación sanitaria de Lucero, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los informes profesionales incorporados al expediente indican que recibe atención médica dentro del Servicio Penitenciario Provincial y que no se habría acreditado una condición que justificara reemplazar la prisión preventiva por una medida menos restrictiva.

Las defensas, por su parte, solicitaron la libertad de los tres acusados o, de manera alternativa, el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

Una causa por un presunto perjuicio de $900 millones

El expediente investiga presuntas maniobras irregulares en el Molino Fénix durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se habría conformado una organización para desviar fondos públicos y disponer de recursos estatales en beneficio propio, de terceros y para otros fines ajenos a la administración del organismo.

La estimación provisoria del perjuicio económico asciende a $900 millones, aunque la investigación busca determinar el alcance de las operaciones cuestionadas y las responsabilidades que podrían corresponder a cada uno de los involucrados.

Lucero y el diputado provincial Joaquín Beltrán fueron señalados por la acusación como presuntos jefes de la organización investigada. La causa también comprende a otros sospechosos y contempla delitos como asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.

La situación de Beltrán tiene una particularidad procesal debido a sus fueros parlamentarios, que deben ser considerados para avanzar con una eventual medida de detención.

Los próximos pasos de la investigación

La prórroga de la prisión preventiva establece un nuevo plazo para que la Fiscalía profundice las medidas pendientes y prepare la acusación formal. La resolución también marca una instancia decisiva para el avance del expediente, que podría encaminarse hacia el juicio oral una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes.

En paralelo, la investigación continúa ampliándose con la incorporación de nuevos sospechosos y el análisis de posibles responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

El caso del Molino Fénix representa una de las investigaciones judiciales de mayor impacto político y económico en San Luis, tanto por el monto estimado del perjuicio como por la participación de exfuncionarios y dirigentes provinciales.

Mientras avanza el proceso, la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse en las instancias judiciales correspondientes, con pleno respeto por el derecho de defensa y la presunción de inocencia.