Analizan una ley para que deudores puedan negociar quitas y plazos ante la Justicia

Una persona que acumuló deudas que ya no puede afrontar podría tener en San Luis una nueva alternativa para ordenar su situación financiera: presentarse ante la Justicia, acreditar cuánto gana y qué bienes posee y abrir una negociación integral con sus acreedores.

La herramienta forma parte de una iniciativa que comenzó a elaborar el diputado provincial por Pueyrredón Víctor Moriñigo, junto con profesionales vinculados al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

La propuesta todavía se encuentra en etapa de borrador y no ingresó formalmente a la Cámara de Diputados, pero apunta a incorporar al Código Procesal Civil y Comercial provincial un procedimiento específico para personas sobreendeudadas por obligaciones de consumo.

La idea es que alguien que ya no pueda cumplir regularmente con préstamos, tarjetas de crédito, compras financiadas u otras obligaciones pueda exponer judicialmente la totalidad de su situación económica y formular una propuesta de pago.

Quitas, intereses y plazos más largos

El mecanismo se inspiraría en algunos principios de los procesos concursales.

El deudor debería informar sus ingresos, bienes y todas las obligaciones pendientes. Luego se abriría una instancia en la que participarían los acreedores y un profesional de Ciencias Económicas.

Entre las alternativas que podrían discutirse aparecen quitas sobre las deudas, reducción de intereses, períodos de espera y planes de pago más extensos, siempre dentro de un acuerdo que contemple la capacidad económica real de la persona.

“Sería que una persona llegue ante un juez y exponga cuánto gana, qué bienes posee y cuánto debe”, explicó Moriñigo al describir el mecanismo que analiza.

El legislador remarcó que el Estado no pagaría las deudas particulares. La intención es crear un procedimiento para ordenar el pasivo y permitir una negociación conjunta con quienes tengan derecho a cobrar.

Qué deudas podrían ingresar

La iniciativa está pensada principalmente para obligaciones surgidas de relaciones de consumo.

Podrían quedar comprendidas deudas con bancos, financieras, tarjetas de crédito, comercios y otros acreedores, siempre que las obligaciones estén debidamente documentadas.

Las originadas en juegos de azar quedarían excluidas del procedimiento, de acuerdo con el borrador que actualmente se encuentra bajo análisis.

La diferencia respecto de una refinanciación tradicional es que el consumidor no tendría que negociar por separado con cada entidad.

La propuesta pretende reunir el conjunto de las deudas dentro de un único proceso y determinar cuánto puede pagar la persona sin desconocer los derechos de sus acreedores.

El antecedente que ya funciona en Mendoza

La iniciativa toma como referencia el sistema vigente en Mendoza.

El Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de esa provincia contempla en sus artículos 359 a 372 el denominado “concurso de persona humana que no realiza actividad económica organizada”.

El procedimiento puede ser solicitado por personas que atraviesen una cesación de pagos o dificultades financieras generales originadas en relaciones de consumo.

No se trata solamente de una figura escrita en la ley.

Los tribunales concursales mendocinos tramitan actualmente expedientes bajo ese régimen. En resoluciones judiciales de 2025, por ejemplo, aparecen consumidores que presentaron propuestas con quitas sobre el capital y pagos en cuotas sin intereses, sujetas luego al correspondiente proceso judicial y negociación con los acreedores.

El sistema mendocino funciona como un procedimiento procesal local articulado con la legislación nacional de Concursos y Quiebras, que sigue regulando la materia concursal de fondo.

Una herramienta distinta al Desendeudamiento Familiar

Moriñigo planteó que su propuesta podría funcionar de manera complementaria con la Ley de Desendeudamiento Familiar, sancionada recientemente en San Luis.

Esa norma provincial apunta a incentivar a bancos y entidades financieras para que ofrezcan refinanciaciones en mejores condiciones a personas que registren deudas de consumo en mora.

Establece, entre otros puntos, planes de al menos 24 meses, un mínimo de dos meses de gracia y cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos familiares. También contempla beneficios fiscales para las entidades que adhieran.

La diferencia está en la gravedad de la situación.

El programa ya aprobado busca facilitar una refinanciación voluntaria con las entidades financieras, mientras que el proyecto de insolvencia apunta a quien tiene un nivel de endeudamiento que ya no puede resolver mediante esos mecanismos y necesita recurrir a un proceso judicial más amplio.

El proyecto buscará ahora respaldo profesional

El borrador todavía deberá atravesar distintas instancias antes de llegar al recinto.

Moriñigo anticipó consultas con el Colegio de Abogados de San Luis y otros sectores profesionales para analizar el procedimiento, sus límites y su compatibilidad con la legislación nacional.

Recién después de ese proceso podría producirse la presentación formal en Diputados y comenzar su tratamiento legislativo.

La discusión aparece en un momento en el que el endeudamiento de los hogares ganó lugar en la agenda provincial. Apenas nueve días atrás, el Senado convirtió en ley el programa de Desendeudamiento Familiar impulsado por el Ejecutivo.

La nueva iniciativa pretende avanzar un paso más: crear una salida judicial para quienes ya no tienen capacidad suficiente para cumplir con todas sus obligaciones y necesitan negociar simultáneamente con sus acreedores para intentar recuperar el equilibrio de sus finanzas personales.