Legislatura
Diputados avanzó con la adecuación al régimen penal juvenil desde los 14 años
La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción al proyecto que adapta la legislación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años.
La iniciativa fue aprobada este miércoles por 27 votos a favor y 10 en contra y ahora pasará al Senado para continuar su tratamiento. Los legisladores presentes del Frente Justicialista rechazaron la propuesta.
El texto modifica el Código Procesal Penal de San Luis y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para establecer cómo deberán tramitarse en la provincia las causas penales que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años.
La reducción de la edad no fue decidida por la Legislatura puntana. Está contenida en la Ley nacional 27.801, sancionada el 27 de febrero de este año y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Esa norma derogó el régimen anterior y fijó un sistema penal específico para personas de entre 14 y 18 años.
Qué cambia en San Luis
Uno de los ejes centrales será la especialización del procedimiento.
Los adolescentes deberán contar con asistencia jurídica adecuada, tendrán derecho a ser escuchados y deberán recibir información sobre el proceso en un lenguaje que puedan comprender.
También se amplían herramientas como la Cámara Gesell, se establecen mecanismos para preservar la identidad de los menores involucrados y se incorporan procedimientos adaptados a su edad y grado de desarrollo.
La reforma contempla además alternativas como el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.
Entre las medidas previstas aparecen la amonestación, restricciones para acercarse a determinadas personas o lugares, prestación de servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño causado.
La prisión deberá ser el último recurso
El nuevo esquema establece condiciones especiales para cualquier medida que implique privación de la libertad.
Los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de los adultos, con personal capacitado específicamente para trabajar con niños y jóvenes.
Además, las medidas restrictivas deberán ser excepcionales, proporcionales, revisables y aplicarse durante el menor tiempo posible. La legislación nacional establece expresamente que cualquier restricción de derechos debe ser indispensable y optar por la alternativa menos lesiva.
La finalidad declarada del nuevo régimen nacional no se limita a la sanción penal: incorpora como objetivos la responsabilidad por los hechos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social del adolescente.
El debate por la edad de imputabilidad
La Ley 27.801 modificó uno de los aspectos más discutidos del sistema penal juvenil argentino.
Hasta este año, el régimen anterior establecía como límite general los 16 años. La nueva legislación nacional redujo ese piso a 14 años y derogó la Ley 22.278, sancionada en 1980.
A partir de ese cambio, la propia ley nacional invitó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adaptar sus códigos procesales y normas administrativas a las nuevas garantías y procedimientos.
Es precisamente ese paso el que comenzó a transitar San Luis.
El PJ votó en contra y cuestionó la implementación
El bloque Justicialista rechazó el proyecto y planteó durante el debate dudas sobre el presupuesto, la infraestructura, la capacitación y los recursos humanos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
Desde el oficialismo respondieron que la provincia ya cuenta con fiscales, defensores, dependencias policiales y procedimientos especializados que deberán ser adaptados, sin necesidad de crear desde cero una nueva estructura judicial.
El Gobierno también anunció intervenciones en las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, adquisición de vehículos y capacitaciones para los equipos que deberán intervenir en este tipo de expedientes.
La discusión sobre la implementación continuará ahora en el Senado.
Si la Cámara alta convierte el proyecto en ley, San Luis tendrá el marco procesal necesario para aplicar en su jurisdicción el régimen nacional que incorpora a los adolescentes desde los 14 años al sistema de responsabilidad penal juvenil, pero bajo procedimientos diferenciados de los previstos para los adultos.