2026-09-21

Justicia

Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y explicó el origen de sus dólares

El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 78 páginas para responder las inconsistencias detectadas por el fiscal Gerardo Pollicita. Aseguró que parte de sus ahorros provino de inversiones en bitcoin realizadas antes de asumir y negó haberse enriquecido ilícitamente.

Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia Federal su justificación patrimonial en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y respondió los 20 puntos que habían sido señalados por el fiscal Gerardo Pollicita.

El exjefe de Gabinete sostuvo a través de su defensa que la evolución de sus bienes entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene un origen “razonable y verificable” y negó que exista un incremento patrimonial sin explicación.

La presentación, firmada por su abogado Matías Ledesma, tiene 78 páginas y documentación anexa. Ahora deberá ser analizada por Pollicita y por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente.

Uno de los principales puntos bajo investigación es una diferencia de $43.068.549 entre ingresos y egresos reconstruidos por la Fiscalía.

La defensa sostuvo que ese monto equivale al 15,8% de los egresos analizados y lo calificó como una “brecha residual” que, según su interpretación, puede explicarse por las dificultades propias de reconstruir los movimientos económicos de una familia durante más de dos años.

Los casi 600 mil dólares vinculados al bitcoin

Otro de los ejes centrales está relacionado con dólares en efectivo que Adorni incorporó posteriormente mediante rectificaciones de sus declaraciones juradas.

El exfuncionario aseguró que esos fondos provienen de ocho billeteras de bitcoin utilizadas entre 2014 y 2018, cuya liquidación le habría generado USD 591.544,61.

Según la defensa, esas inversiones fueron realizadas antes de que Adorni ingresara a la función pública. También señaló que parte del dinero obtenido fue conservado en efectivo fuera del sistema bancario junto con su esposa, Bettina Angeletti.

La Fiscalía deberá ahora evaluar la documentación y la trazabilidad aportada para determinar si esa explicación resulta suficiente.

La presentación también buscó justificar operaciones inmobiliarias realizadas durante el período investigado.

Respecto de la propiedad en el country Indio Cuá, la defensa sostuvo que el lote fue adquirido por USD 120.000, de los cuales USD 100.000 habrían surgido de un préstamo con garantía hipotecaria y otros USD 20.000 de ahorros en efectivo.

Adorni también negó haber pagado USD 245.000 en efectivo por las refacciones de esa vivienda, cifra que había sido mencionada en el expediente a partir del testimonio del contratista Matías Tabar.

Su defensa aseguró que el desembolso real fue de aproximadamente USD 175.000 y cuestionó inconsistencias entre distintas planillas y declaraciones incorporadas a la causa.

El fiscal había solicitado las explicaciones después de recibir un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, elaborado a partir del cruce de declaraciones juradas, información bancaria, registros inmobiliarios y datos provenientes de plataformas de criptomonedas.

Adorni había recibido originalmente un plazo de 15 días hábiles para responder, pero su defensa solicitó una prórroga para acceder a la prueba y preparar la documentación. Finalmente presentó el descargo antes del vencimiento definitivo.

La causa entra ahora en una etapa decisiva. Pollicita deberá determinar si las explicaciones y documentos alcanzan para justificar la evolución patrimonial investigada.

Si el fiscal considera que persisten inconsistencias relevantes, podrá solicitarle al juez Ariel Lijo que cite a Adorni a declaración indagatoria. Si, en cambio, entiende que las explicaciones resultan suficientes, la situación procesal podrá tomar otro rumbo.

Por ahora no existe una resolución judicial que determine que hubo enriquecimiento ilícito: la presentación de Adorni constituye su respuesta formal a las inconsistencias detectadas y será la Justicia la que deberá evaluar si logra despejarlas.

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