La causa por corrupción en el Molino Fénix suma cuatro sospechosos y ya son diez los investigados

La investigación por presuntos hechos de corrupción en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía avanzó sobre otras cuatro personas sospechadas de participar en maniobras de desvío de fondos públicos, con lo que la cantidad de involucrados en el expediente ascendió a diez.

La medida fue dispuesta el viernes 16 de octubre por el fiscal adjunto Marcelo Palacio, en el marco de la causa que investiga irregularidades en la administración del organismo cultural durante la gestión anterior.

Entre los principales acusados se encuentran la exdiputada provincial Anabela Lucero, actualmente detenida con prisión preventiva, y su pareja, el diputado Joaquín Beltrán.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría existido una organización destinada a utilizar bienes, recursos y fondos estatales para beneficio personal, de terceros y para actividades políticas.

El perjuicio económico estimado hasta el momento asciende a $900 millones, aunque la cifra es provisoria porque todavía no finalizaron las pericias contables.

Quiénes son los cuatro nuevos sospechosos

La Fiscalía N° 3 ordenó que cuatro personas sean notificadas formalmente de su condición de sospechosas, conforme al artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis.

Los nuevos involucrados son:

• Mauro Gustavo Aguilar: comerciante de la ciudad de San Luis, investigado como presunto coautor de asociación ilícita y fraude a la administración pública.

• Carlos Jalid Ismael: vinculado con tareas contables dentro del Molino Fénix, sospechado de participar en maniobras de administración fraudulenta.

• Germán Lunardi: relacionado con el área de mantenimiento del complejo, investigado por presunto peculado y destrucción de elementos probatorios.

• Hugo Orlando Escudero: también vinculado con tareas de mantenimiento, señalado por los mismos presuntos delitos atribuidos a Lunardi.

La notificación constituye una etapa inicial de la investigación respecto de estas personas. Todavía resta que la Fiscalía solicite las correspondientes audiencias de formulación de cargos, en las que deberán precisarse las acusaciones y garantizarse el ejercicio del derecho de defensa.

Anabela Lucero y otros dos acusados permanecen detenidos

La causa tuvo uno de sus momentos más importantes el 24 de agosto, cuando el juez de Garantía N° 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, ordenó la prisión preventiva de Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel.

Los tres quedaron detenidos después de una audiencia en la que se ampliaron las acusaciones por presunta asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de evidencia.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían desarrollado una estructura organizada para disponer irregularmente de recursos pertenecientes al Estado provincial.

La investigación también involucra al diputado Joaquín Beltrán, señalado junto con Lucero como presunto jefe de la organización.

En su caso, la situación procesal presenta una particularidad: sus fueros parlamentarios impiden avanzar con una eventual detención preventiva mientras no se resuelva el desafuero correspondiente.

Otro de los imputados, Diego Torres, se encuentra bajo arresto domiciliario y prestó declaración en el expediente.

Investigan facturas falsas y cheques utilizados para retirar fondos

La pesquisa también alcanzó al empresario Cristian Becher, quien fue detenido en septiembre y posteriormente quedó bajo prisión preventiva.

Según la acusación fiscal, Becher habría utilizado su estructura empresarial y distintas sociedades para facturar servicios que no se prestaron y cobrar cheques emitidos desde el organismo público.

Los investigadores consideran que esas operaciones podrían haber permitido retirar fondos del Molino Fénix y ocultar su destino.

La Fiscalía también analiza documentación administrativa, movimientos bancarios, comprobantes de pagos y registros contables para reconstruir el recorrido del dinero.

La participación de personas vinculadas con las áreas de contabilidad y mantenimiento constituye una nueva línea de investigación para determinar cómo se habrían ejecutado y encubierto las maniobras.

El perjuicio económico podría superar los $900 millones

Uno de los aspectos centrales del expediente es establecer la magnitud del presunto daño ocasionado al patrimonio provincial.

Hasta el momento, la estimación fiscal ronda los 900 millones de pesos, pero el monto podría modificarse cuando concluyan las pericias contables.

La Fiscalía de Estado, que interviene en representación de los intereses patrimoniales de la Provincia, busca determinar el destino de los recursos y la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada involucrado.

La investigación comprende hechos que, según la acusación, habrían ocurrido durante la administración del complejo cultural y la Casa de la Música entre 2020 y 2023.

Los fiscales también procuran establecer si parte de los recursos públicos fue utilizada para financiar actividades ajenas al funcionamiento institucional.

Una semana clave para la continuidad de las detenciones

La ampliación de la investigación se produce cuando se aproxima el vencimiento de las medidas de prisión preventiva dictadas contra Lucero, Enzo Lucero y Scarel.

El plazo de dos meses dispuesto el 24 de agosto se cumple el próximo 24 de octubre.

Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal deberá solicitar una prórroga si considera necesario que los acusados continúen detenidos mientras se desarrolla la investigación.

El fiscal José Olguín anticipó que pedirá una extensión de 60 días, aunque la decisión final corresponderá al juez interviniente.

Paralelamente, las defensas mantienen planteos judiciales relacionados con la validez de determinadas acusaciones y la competencia del juzgado que tramita la causa.

La investigación se acerca a una nueva etapa

Con las cuatro nuevas personas bajo investigación, el expediente del Molino Fénix alcanza a diez involucrados y continúa ampliando las líneas de investigación sobre el manejo de recursos públicos.

Los próximos pasos serán la formulación de cargos a los nuevos sospechosos, la resolución de las medidas cautelares y la finalización de las pericias contables.

La Fiscalía busca reunir los elementos necesarios para avanzar hacia una eventual elevación a juicio.

Por el momento, todas las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia, y las responsabilidades penales deberán determinarse mediante las correspondientes resoluciones judiciales.

La causa se mantiene entre las investigaciones por presunta corrupción de mayor impacto económico y político en San Luis, tanto por el monto del perjuicio denunciado como por la participación de exfuncionarios y dirigentes provinciales.