RANKING NACIONAL

San Luis se ubicó como la provincia mejor administrada del país según un informe nacional

Un estudio de la consultora Empiria, dirigida por el exministro Hernán Lacunza, ubicó a San Luis en el primer puesto por su equilibrio fiscal, ausencia de deuda y composición del gasto público. El resultado destaca el ordenamiento de las cuentas durante la gestión de Claudio Poggi.

San Luis alcanzó el primer puesto en el ranking nacional de administración fiscal, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Empiria, que evaluó el desempeño económico y financiero de 22 jurisdicciones argentinas.

El relevamiento, correspondiente al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, ubicó a la provincia por encima de Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, que completaron los primeros cinco lugares.

La clasificación se elaboró a partir de cuatro indicadores: resultado fiscal, nivel de endeudamiento, autonomía financiera y composición del gasto público.

Los números que colocaron a San Luis en el primer puesto

Uno de los datos más relevantes es que San Luis registró un superávit primario equivalente al 1,2% de su Producto Bruto Geográfico (PBG), mientras que el promedio de las jurisdicciones evaluadas presentó un resultado negativo del 0,1%.

En materia de endeudamiento, la provincia alcanzó otro indicador destacado: una relación del 0% entre la deuda computada y los ingresos totales, frente al 16% del promedio nacional.

También sobresalió en la composición del gasto. La relación entre las erogaciones de capital y los gastos en personal llegó al 32%, mientras que el promedio argentino fue del 18%.

Esto significa que, por cada $100 destinados a personal, San Luis asignó aproximadamente $32 a inversión de capital, como infraestructura y equipamiento.

El aspecto menos favorable fue la autonomía financiera: los ingresos provinciales y las regalías representaron el 19% de los recursos totales, por debajo del promedio nacional del 27%.

El contraste con la situación financiera de 2023

El posicionamiento adquiere relevancia al comparar los indicadores actuales con la situación que encontró Claudio Poggi cuando asumió la Gobernación, en diciembre de 2023.

Según la información publicada por El Chorrillero, la Cuenta de Inversión de ese año registró un déficit ordinario de $93.125 millones, en un contexto de desequilibrios fiscales y utilización de reservas financieras para cubrir gastos corrientes.

Frente a ese escenario, la administración provincial implementó medidas de austeridad, revisión de contrataciones y reorganización del gasto público.

A fines de 2024, el Gobierno anunció que había recuperado el equilibrio fiscal. El informe de Empiria refleja ahora una posición favorable de San Luis en la comparación nacional.

Educación, viviendas y empleo como ejes de gestión

El ordenamiento de las cuentas públicas se desarrolla en paralelo con las políticas provinciales orientadas a la educación, la construcción de viviendas y el fortalecimiento del empleo privado.

Entre las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo se encuentran la ampliación de la escolarización desde los tres años, los programas de comprensión lectora, la capacitación docente y las acciones destinadas a emprendedores y pequeñas empresas.

En materia de infraestructura, la construcción de viviendas ocupa un lugar central, junto con las inversiones en establecimientos educativos, centros de salud y servicios públicos.

Cómo se elaboró el ranking

Empiria, consultora dirigida por el economista Hernán Lacunza, utilizó información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

La metodología asignó un peso del 50% al resultado primario, del 30% a la composición del gasto y del 10% tanto a la autonomía financiera como al endeudamiento.

La Pampa y Santiago del Estero quedaron fuera de la clasificación por no contar con información completa del período analizado.

El primer puesto de San Luis refleja su posición de solidez fiscal en el estudio, aunque el ranking evalúa específicamente la administración de las finanzas públicas y no la totalidad de los resultados sociales, económicos o de los servicios estatales.

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