Denunciado por presunto abuso, espera una definición judicial desde 2023 y denuncia un daño irreversible

Un remisero de Villa Mercedes permanece imputado desde julio de 2023 en una causa por presunto abuso sexual contra una menor, sin que hasta el momento la Justicia haya dictado una resolución de fondo. A casi tres años del inicio del expediente, el hombre asegura que la falta de definiciones tuvo un impacto devastador en su vida personal, económica y emocional.

Según consta en la causa, la denuncia fue presentada por su expareja tras la separación ocurrida en 2022. En el marco de la investigación se realizaron entrevistas en Cámara Gesell a las niñas y, posteriormente, la fiscalía formuló cargos por abuso sexual simple respecto de una de ellas. Desde entonces, el proceso continúa abierto y con medidas restrictivas vigentes.

La defensa del imputado, a cargo del abogado Mario Alonso, sostiene que los plazos previstos por el Código Procesal Penal provincial se encuentran ampliamente vencidos y que el expediente no registra avances sustanciales desde hace tiempo. En ese sentido, indicó que ya solicitó una definición procesal, como la falta de mérito o el sobreseimiento.

“El proceso no puede extenderse indefinidamente. La Justicia debe resolver si existen elementos suficientes para avanzar o si corresponde cerrar la causa”, expresó el letrado.

Mientras tanto, el hombre tiene prohibido mantener contacto con sus hijas por orden judicial, incluso por medios digitales. Asegura que cumple con el pago de la cuota alimentaria dentro de sus posibilidades, aunque reconoce que su situación económica se deterioró de forma significativa: debió vender su remisería y depende del sostén de su actual pareja para contar con un lugar donde vivir.

A ese cuadro se sumó un problema de salud grave. En mayo de 2025 fue diagnosticado con cáncer de duodeno. Fue intervenido quirúrgicamente y actualmente se encuentra bajo tratamiento de quimioterapia, lo que limita aún más su capacidad laboral. Según relató, los efectos del tratamiento le provocaron una fuerte pérdida de peso y episodios frecuentes de malestar físico.

Desde la defensa remarcan que el caso atravesó distintos cambios institucionales, con modificaciones en las fiscalías y en el juzgado interviniente, sin que ello se tradujera en una resolución concreta del expediente. Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Garantía N° 3.

El imputado sostiene que el paso del tiempo sin definiciones judiciales lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. “No puedo rehacer mi vida ni recuperar el vínculo con mis hijas mientras esta causa siga abierta”, expresó.

El caso vuelve a poner en foco una tensión central del sistema judicial: la necesidad de investigar y proteger de manera integral a niñas, niños y adolescentes, garantizando al mismo tiempo el debido proceso, los plazos razonables y los derechos de todas las partes involucradas.

Por ahora, la causa sigue abierta. La defensa insiste en que una definición judicial es urgente. No solo por el expediente, sino por las consecuencias que, aseguran, ya resultaron irreversibles.