Peritan casi mil archivos de abuso en la causa contra un penitenciario y buscan víctimas

La investigación contra un agente del Servicio Penitenciario Provincial acusado de delitos contra la integridad sexual ingresó en una fase de alta complejidad técnica, luego de que se confirmara la existencia de cerca de mil imágenes y videos de presunto abuso sexual infantil detectados en uno de los dispositivos secuestrados. El material está siendo sometido a peritajes para determinar su alcance y, especialmente, identificar posibles víctimas.

La novedad se conoció durante una audiencia ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, quien resolvió prorrogar por 120 días la prisión preventiva del imputado y extender el plazo de la investigación penal preparatoria. En la causa se le atribuyen, entre otros delitos, corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales.

Durante el acto, las fiscales Antonella Córdoba y Mercedes García señalaron que aún restan analizar diversos soportes secuestrados en allanamientos, entre ellos tres pendrives, una tarjeta de memoria y un teléfono celular. En ese marco, explicaron que del examen preliminar de uno de esos elementos surgió el volumen cercano al millar de archivos audiovisuales, lo que exige un abordaje pericial minucioso y sostenido en el tiempo.

La fiscalía advirtió además que el contenido sería de aparente producción local, y remarcó que el objetivo central de las pericias es establecer la dimensión real del material y avanzar en la individualización de personas menores de edad que podrían estar involucradas. Bajo ese argumento, sostuvo que existe un riesgo actual y concreto para niños y niñas que aún no pudieron ser identificados, y que este tipo de investigaciones digitales demanda plazos extendidos por su complejidad.

En la audiencia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia acompañó el pedido fiscal y consideró que los riesgos procesales no solo se mantienen, sino que se potencian ante la posibilidad de víctimas indeterminadas, lo que obliga a extremar resguardos y medidas de protección.

La querella, por su parte, señaló que una de las niñas evaluadas en Cámara Gesell no presentó indicadores compatibles con abuso, según un informe psicológico incorporado al expediente, y pidió celeridad en el avance de las pericias pendientes para despejar dudas y consolidar conclusiones con evidencia técnica.

La defensa se opuso a la prórroga al considerar excesivo el plazo y solicitó como alternativa prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Sin embargo, tras la resolución judicial dejó planteado un recurso de revisión, por lo que la medida será evaluada por el Tribunal de Impugnaciones.

Al fundamentar su decisión, Flores Leyes consideró que la investigación se encuentra en plena etapa preparatoria y que resta analizar una porción sustancial del material secuestrado. También entendió que la eventual multiplicidad de víctimas y su posible indeterminación refuerzan la necesidad de cautelar el proceso hasta contar con resultados periciales que permitan avanzar con precisión.

La causa se inició el 22 de octubre de 2025, cuando fueron hallados dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario N° 1. En un primer momento, los dispositivos fueron enviados a análisis por sospechas vinculadas a la infraestructura digital del organismo, pero luego se detectó que contenían material de abuso sexual infantil de aparente producción local, lo que derivó en la identificación del presunto autor, su detención y el secuestro de nuevos elementos que hoy continúan bajo peritaje.

Con la prórroga dispuesta, el expediente queda atado a una etapa decisiva: el avance de los análisis forenses digitales y la eventual identificación de víctimas, un paso clave para delimitar responsabilidades y definir los próximos movimientos judiciales.