CORRUPCIÓN
Un juez y un fiscal quieren cerrar una causa de corrupción sin juicio a ex funcionarios de Rodríguez Saá
Una causa judicial por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá quedó en el centro de la polémica. El juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, sobreseyó a Miguel Ángel “Micky” Berardo y Cintia Ramírez al considerar que la acción penal había prescripto.
La investigación involucraba desembolsos por aproximadamente $87,5 millones destinados a trabajos de movimiento de suelo, cerramiento y nivelación de canchas de fútbol en La Punta.
La resolución, dictada el 26 de octubre, impide por ahora que la causa avance hacia un juicio oral. Sin embargo, Fiscalía de Estado anunció que apelará porque considera que la acusación fue presentada dentro del plazo legal.
Una causa por contrataciones millonarias
Berardo, exsecretario general de la Gobernación, y Ramírez, exsecretaria de Deportes, habían sido imputados por tres hechos de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las acusaciones estaban vinculadas con contratos celebrados con la empresa MyD Construcciones durante las últimas semanas de la gestión de Rodríguez Saá, en 2023.
La investigación apuntaba a posibles irregularidades en las contrataciones, los anticipos financieros y la ejecución de los trabajos previstos.
El sobreseimiento no determina si existieron delitos ni establece la inocencia de los exfuncionarios respecto de los hechos investigados. La decisión se fundamentó en una cuestión procesal: el vencimiento del plazo para continuar la persecución penal.
El plazo que provocó el cierre de la causa
El juez estableció que la acción penal prescribía el 6 de agosto de 2026.
La acusación llevaba fecha del 5 de agosto, pero el magistrado consideró que no existían constancias suficientes para acreditar que el requerimiento de apertura a juicio hubiera sido presentado formalmente antes del vencimiento.
Las defensas recibieron la comunicación el 21 de agosto.
Fiscalía de Estado sostiene una interpretación diferente: afirma que la acusación se formuló oportunamente y que la resolución judicial debe ser revisada.
Cuestionamientos a la actuación del fiscal
El organismo provincial también cuestionó la intervención del fiscal Ricardo Barbeito, a quien atribuye una prolongada falta de impulso de la investigación.
Según la postura de Fiscalía de Estado, el expediente permaneció prácticamente paralizado durante dos años, pese a los reclamos para que avanzara.
Estos señalamientos constituyen cuestionamientos a su actuación procesal y no una determinación judicial de irregularidades por parte del funcionario.
La apelación buscará revertir el sobreseimiento y permitir que la causa llegue a juicio, donde podrían examinarse las pruebas y las responsabilidades por las contrataciones investigadas.
Por el momento, la controversia gira en torno a los plazos procesales y a las actuaciones que llevaron al cierre de una investigación por el uso de fondos públicos.