CAUSA MOLINO FÉNIX
La Justicia confirmó otros 90 días de prisión preventiva para Anabela Lucero y dos familiares
La Justicia de San Luis confirmó la prórroga por 90 días de la prisión preventiva de la exdiputada Anabela Lucero, su hermano Enzo Fabricio Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, imputados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Penal N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, integrado por los jueces Hernán Diego Herrera, Cintia Paola Martín y Marcelo Oscar Bustamante Marone.
Los magistrados rechazaron los recursos de revisión de las defensas y ratificaron la resolución dictada el 23 de octubre por el juez de Garantías Santiago Ortiz.
Los motivos por los que seguirán detenidos
El Tribunal consideró que todavía existen riesgos de interferencia en la investigación, principalmente por la posibilidad de influir sobre testigos o afectar pruebas pendientes de incorporación.
Entre las medidas que aún deben concretarse figuran declaraciones testimoniales, pericias e informes bancarios y societarios.
En el caso de Anabela Lucero, los jueces señalaron que la Fiscalía le atribuye un rol de organización de las presuntas maniobras junto con el actual diputado Joaquín Beltrán. Por ese motivo, evaluaron el riesgo de que pudiera influir sobre exempleados y contratistas que todavía deben declarar.
Respecto de Enzo Lucero, el Tribunal puso el foco en su presunta vinculación con cuentas y estructuras societarias. En cuanto a Scarel, consideró sus funciones relacionadas con contraseñas, cuentas institucionales y sistemas digitales.
Rechazaron las alternativas a la prisión preventiva
Las defensas habían solicitado la libertad de los imputados o medidas menos restrictivas, como presentaciones periódicas, prohibiciones de contacto, cauciones y arresto domiciliario.
Sin embargo, los magistrados entendieron que esas alternativas no resultaban suficientes para evitar posibles interferencias en la causa.
También analizaron el argumento de los abogados sobre la situación de Diego Torres, otro imputado que obtuvo prisión domiciliaria, pero aclararon que cada caso debe evaluarse según sus circunstancias particulares.
Ordenaron garantizar la atención médica de Lucero
La defensa de la exdiputada también planteó problemas de salud vinculados con una prótesis y una intervención quirúrgica pendiente.
El Tribunal sostuvo que esa situación no modifica por sí misma la evaluación de los riesgos procesales, aunque ordenó al Servicio Penitenciario Provincial garantizar su atención médica y farmacológica.
Además, dispuso que se remita un informe actualizado sobre su diagnóstico, tratamiento y eventual cirugía.
Con esta resolución, los tres imputados continuarán detenidos mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
La prórroga no constituye una condena: la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el proceso judicial.