La Justicia dictó preventiva para el acusado del crimen de Coca Díaz

La investigación por uno de los crímenes que más conmocionó a San Luis en las últimas semanas dio este lunes un paso clave. El juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Género N° 1 y ordenó la prisión preventiva por 120 días para Alan Daniel Ochoa, de 23 años, único acusado por el asesinato de Gregoria Rosa “Coca” Díaz. Tras la audiencia, el joven fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

El caso sacudió a la capital puntana desde comienzos de marzo. Según la reconstrucción del expediente, la mujer fue atacada en su vivienda del barrio 119 Viviendas durante la madrugada del 1 de marzo y permaneció inconsciente durante más de 24 horas, hasta que fue encontrada por su sobrino en la mañana del 2 de marzo. Murió poco después, cuando era trasladada para recibir atención médica.

Uno de los datos más duros de la causa surgió de la autopsia. El informe forense reveló que Díaz presentaba más de 60 lesiones y heridas compatibles con signos de defensa, además de un corte en una pierna y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Ese resultado reforzó la hipótesis de una agresión de extrema violencia dentro de la vivienda.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la fiscal María Delia Bringas, Ochoa habría ingresado a la casa entre las 2:40 y las 3:50 sin forzar accesos, en un contexto que hace presumir que se valió de un engaño o de la confianza de la víctima. La acusación sostiene que la golpeó para exigirle dinero u objetos de valor, la amenazó con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros y luego se retiró con un televisor Samsung de 24 pulgadas y un celular LG negro.

La preventiva fue resuelta después de la prórroga de ocho días que había solicitado la defensora oficial Stefanía Cifuentes al inicio del proceso. Superada esa instancia, Ochoa seguirá siendo investigado por homicidio calificado y contará en lo sucesivo con la defensa de Ricardo Gutiérrez Esley. La Fiscalía, en tanto, dejó formalmente abierta una etapa investigativa de cuatro meses.

La decisión judicial no cierra el caso, pero sí consolida el cuadro acusatorio en una etapa decisiva. Con el imputado ya alojado en el penal y con una hipótesis fiscal respaldada por pericias y reconstrucción horaria, la causa entra ahora en una fase en la que la Justicia buscará reunir la prueba definitiva para sostener la acusación en juicio.