La Fiscalía acusa a Anabela Lucero de desviar fondos del Molino Fénix para hacer campaña

La investigación judicial sobre el manejo de fondos del Complejo Molino Fénix sumó nuevos elementos y compromete a la exdiputada provincial Anabela Lucero, a quien la Fiscalía acusa de haber utilizado recursos del organismo para beneficio personal y para financiar actividades políticas.

Según la acusación presentada por el fiscal José Olguín, el 8 de agosto de 2022 Lucero habría utilizado fondos del Molino Fénix para adquirir tres vehículos en un mismo día, dos de ellos 0 kilómetro y otro usado. El monto de la operación, de acuerdo con la investigación, alcanzó los $12.367.460.

La hipótesis fiscal sostiene que entre 2020 y 2023 funcionó una estructura paralela para administrar recursos públicos por fuera de los mecanismos habituales de control. Lucero está acusada, entre otros delitos, de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de prueba.

El expediente también pone bajo análisis la compra de grandes cantidades de mercadería que, según la Fiscalía, no guardaban relación con la actividad cultural y artística del Molino Fénix. Los investigadores sostienen que esos productos fueron utilizados para armar bolsones que posteriormente se distribuían durante actividades vinculadas con la campaña electoral.

De acuerdo con la teoría del caso, empleados del organismo habrían sido utilizados para preparar y entregar esa mercadería. La investigación vincula estas acciones con la campaña del lema Unión por San Luis, que llevó a Jorge Fernández como candidato a gobernador y a Lucero como postulante a la intendencia de Villa Mercedes.

Otro de los elementos incorporados al expediente son 34 cheques de $50.000, que la Fiscalía interpreta como pagos destinados a personas que realizaban tareas de militancia durante la campaña. El fiscal sostuvo que el organismo no tenía entre sus funciones la compra de vehículos ni la realización de ayudas económicas con esos recursos.

La investigación también apunta a los ingresos generados por distintos eventos realizados en el complejo. Según declaraciones incorporadas al expediente, parte de la recaudación habría sido destinada a la campaña de Lucero y su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, quien también quedó involucrado en la investigación.

A esto se suma una presunta maniobra de ocultamiento de documentación. La Fiscalía sostiene que, después de la derrota electoral de Alberto Rodríguez Saá en junio de 2023, se retiraron bienes y documentación de distintas dependencias. Algunos elementos habrían sido trasladados a una sede política vinculada con Lucero.

La causa incluye además el análisis de siete empresas que figuran como presuntas sociedades utilizadas para emitir facturas apócrifas y de cinco personas que habrían intervenido en las operaciones. Los investigadores siguen la ruta de los cheques y sus endosos para determinar quiénes terminaron cobrando los fondos.

Hasta el momento, dos de esas empresas habrían facturado al Molino Fénix unos $135 millones mediante 116 cheques, aunque el universo de operaciones bajo análisis es mayor. La Fiscalía calcula que el perjuicio económico establecido hasta ahora supera los $900 millones, una cifra que podría modificarse cuando concluyan las pericias contables.

Para avanzar en la reconstrucción del circuito financiero, la Justicia autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de las empresas y personas investigadas. La medida alcanza también a Lucero, Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel.

La investigación intenta establecer quiénes recibieron efectivamente los cheques, cómo fueron endosados y qué destino tuvieron los fondos. También busca determinar si las empresas involucradas realizaron alguna actividad real o si fueron utilizadas como intermediarias para ocultar a los beneficiarios finales.

El expediente todavía se encuentra en etapa de investigación y las acusaciones deberán ser sometidas al debido proceso judicial. Sin embargo, la magnitud de los montos bajo análisis y la cantidad de operaciones cuestionadas colocan al caso del Molino Fénix como uno de los principales procesos judiciales por presunto manejo irregular de fondos públicos en San Luis.

El próximo desafío para la Justicia será completar las pericias financieras y reconstruir la trazabilidad del dinero. De esa tarea dependerá determinar con mayor precisión el alcance del presunto fraude y las responsabilidades individuales de quienes quedaron bajo investigación.