Justicia y delitos sexuales
Escándalo en el Servicio Penitenciario: descubren videos de abuso y detienen a un agente
El Juzgado de Garantía N°3 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero, dictó prisión preventiva por 120 días a un agente penitenciario acusado de corrupción de menores agravada, abuso sexual y producción de material de abuso infantil. Las víctimas serían su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.
La causa se inició a partir de una denuncia interna realizada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano, luego de que el 22 de octubre personal penitenciario encontrara dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario N°1.
Al ser analizados por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, los dispositivos contenían videos grabados con una cámara oculta en una vivienda. En las imágenes se observa a un hombre abusando sexualmente de dos niñas, lo que permitió identificar al autor y ordenar su inmediata detención.
La Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N°2, encabezada por Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, presentó cargos y argumentó que existen pruebas directas de agresión sexual y material audiovisual de producción local, lo que agrava la situación procesal del imputado.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que “la libertad del acusado podría entorpecer la investigación y poner en riesgo a las víctimas”, especialmente por el carácter digital de las pruebas. “Existe peligro de manipulación o eliminación remota de evidencia, dado que los delitos fueron cometidos mediante sistemas informáticos”, advirtió Córdoba.
La defensa, representada por el abogado Héctor Zabala Agüero, pidió que su cliente cumpla la medida bajo prisión domiciliaria, alegando que “no existen riesgos procesales acreditados”. Sin embargo, la jueza Lazarte Otero entendió que la gravedad de los delitos y la posibilidad de alteración de las pruebas digitales justifican la detención efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
“La naturaleza de los hechos, la relación familiar con las víctimas y la vulnerabilidad de las menores obligan al Estado a garantizar su protección integral”, sostuvo la magistrada al resolver la medida.
La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces N°3, Silvina García, acompañó el planteo de la Fiscalía y pidió preservar la identidad del acusado y de las víctimas. “Es indispensable comunicar con responsabilidad, evitar la revictimización y proteger la intimidad de las niñas”, señaló.
El Ministerio Público Fiscal remarcó que las investigaciones de este tipo demandan intervención interdisciplinaria, seguimiento psicológico a las víctimas y control sobre los entornos institucionales donde se produjo el hallazgo.
El acusado permanecerá detenido por 120 días, mientras la investigación avanza sobre los dispositivos electrónicos incautados y otras pruebas complementarias.