Educación
La acusación contra un alumno desató un incendio y un paro docente en Mar del Plata
La comunidad educativa de Mar del Plata quedó sacudida por un episodio que escaló en pocas horas: la denuncia contra un alumno de 10 años de la Escuela N° 21 por presuntos abusos durante el recreo derivó en protestas, un ataque incendiario a la vivienda del niño y la suspensión de clases por un paro de 24 horas convocado por SUTEBA General Pueyrredón.
El hecho se conoció cuando la madre de una alumna de primer grado denunció que su hija y otra niña fueron tocadas por el menor en el sector de recreación. La presentación activó el protocolo de actuación y motivó la intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de Mariana Baqueiro.
De inmediato, la fiscal dispuso medidas iniciales de investigación y dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces y al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, con el objetivo de resguardar a todos los niños involucrados y acompañar a las familias en el proceso.
Durante la tarde del martes, la tensión creció en la zona del cruce de avenida Colón y calle 212, donde un grupo de padres se manifestó y cortó el tránsito. En paralelo, otro grupo se dirigió a la vivienda del niño acusado y la prendió fuego. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales de consideración. Autoridades policiales y bomberos trabajaron en el lugar.
Frente a ese clima, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), seccional General Pueyrredón, anunció un paro por 24 horas para este miércoles 12 de noviembre, en reclamo de condiciones de seguridad y contención en las escuelas. La medida, según precisaron, busca rechazar “toda forma de violencia en las instituciones educativas”.
En el plano institucional, la investigación se mantiene bajo secreto para proteger la identidad de los menores, tal como lo exige la normativa vigente. Las áreas de niñez municipales y provinciales articulan con la escuela la asistencia psicológica y social correspondiente, mientras la dirección del establecimiento activó el protocolo interno y reforzó los canales de comunicación con las familias.
De cara a los próximos días, la Fiscalía avanzará con testimoniales y pericias de rigor, y evaluará medidas de cuidado especiales. En tanto, la comunidad educativa espera lineamientos oficiales que permitan retomar la actividad con garantías de seguridad y acompañamiento psicosocial, a la par de un llamado a la responsabilidad adulta para evitar nuevas escaladas de violencia y preservar el interés superior de niñas y niños.